Este jueves, la Consejería de la Presidencia ha informado al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el anteproyecto de la futura Ley de la Función Pública, que contemplará un nuevo permiso retribuido para las funcionarias embarazadas a partir de la semana 37, ampliable a 35 en los casos de embarazo múltiple.
El anteproyecto, que también incluye la nueva regulación de Cuerpos y Escalas de la Administración autonómica, ya ha sido publicado en el Portal de Gobierno Abierto, tal y como prometió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate de política general de este 2024 y afectará a 12.650 funcionarios.
La nueva Ley de la Función Pública de la Comunidad tiene como fin desarrollar la legislación básica del Estado, según marcan las competencias que tiene atribuidas el Ejecutivo autonómico. La actual norma data del año 2005 y es previa a la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, en 2007.
Bajo esta premisa, buscan que la Ley que se apruebe sea una "norma de futuro", que sirva como un "soporte para un adecuado funcionamiento" de la administración y que satisfaga los "intereses de los empleados públicos, pero siempre teniendo presente avanzar en la calidad de la prestación de los servicios a los ciudadanos".
Principales novedades
El nuevo anteproyecto de Ley cuenta con dos principales novedades. Uno de ellos es el permiso remunerado para que las funcionarias en estado de gestación. Permiso al que se puede acceder a partir de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto. Será a partir de las 35 semanas en el caso de embarazo múltiple.
El nuevo permiso, que entrará en vigor al día siguiente de que la Ley sea efectiva, supondrá un coste para la Junta de un millón de euros, según las primeras estimaciones económicas realizadas.
Cabe resaltar que, con la legislación en vigor, ahora pueden gozar del permiso a partir de la semana 39, por lo que se amplía mínimo en dos semanas. Desde la Junta han recalcado que una "gran cantidad" de empleadas en esta situación se "ven en la necesidad de acogerse a una baja laboral previa al permiso".
Todo ello con las "incomodidades asociadas a estas últimas semanas que se vuelven mucho más incapacitantes para su desempeño profesional". El nuevo derecho busca "evitar estas bajas laborales y sustituirlas por un periodo automático de permiso retribuido".
La otra de las novedades destacable es la regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios en los que se organiza la Administración autonómica, adaptada a la "realidad del empleo público actual".
Siguiendo esto, el texto establece la creación de nuevos cuerpos, como los distintos cuerpos de informáticos, que pasarán de personal laboral a ser personal funcionario. Asimismo, eliminan algunos cuerpos, bien porque se incluyen en otros ya existentes, como el de Ayudantes Facultativos Delineantes, o porque no hay ninguno en activo.
Un ejemplo de este último caso es el del cuerpo de Ayudantes Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas. Desde la Junta han defendido que han escuchado a los sindicatos, "que pedían que la regulación estuviese integrada en la propia Ley y que no apareciese publicada en una norma aparte, como en un principio se consideraba realizar".
Otras novedades
Respecto a otras novedades, en la nueva norma se excluye de dicho ámbito al personal estatuario de Sacyl, que cuenta con su propia regulación por ley desde el 2007 y, por tanto, no requiere ser afectado por esta nueva.
La futura Ley de Función Pública, en el apartado de selección de los futuros empleados, regula expresamente los tipos de pruebas, los periodos de prácticas o la realización de cursos, cuya organización se atribuye a la Escuela de Administración Pública de la Comunidad.
También se han actualizado las modalidades de carrera profesional, tal y como se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público y se determina el establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño para todo los funcionarios.
En cuanto a los concursos de traslados, contemplan expresamente cuáles son los méritos evaluables, que la actual Ley no fija, entre los que está la antigüedad, la carrera profesional, las actividades formativas realizadas o la acreditación de competencias digitales y el conocimiento de idiomas, entre otras.
Asimismo, se señalan específicamente que puestos de trabajo pueden ser objeto de provisión por el sistema de libre designación entre los funcionarios de carrera.
De igual manera, la norma complementa y regula las situaciones administrativas de los funcionarios no regulados por el Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso, por ejemplo de excedencias por distintos motivos, o de prestación de servicio en otras administraciones.
Próximos pasos
De forma simultánea a este trámite de consulta pública, también se dará trámite de audiencia sobre este anteproyecto de Ley a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos
De igual modo, la Consejería de la Presidencia hará conocedores de este anteproyecto al resto de organizaciones sindicales, asociaciones y colegios profesionales que defienden los derechos e intereses de sus miembros, y que pudiesen verse afectados por el contenido del futuro texto.
Una vez que finalicen estos trámites, a la vista de las alegaciones o consideraciones recibidas, se analizará su posible incorporación al anteproyecto, para así continuar con su tramitación a través de los órganos de negociación y consultivos.
Tras esto, se someterá a aprobación del Consejo de Gobierno para que, ya como Proyecto de Ley, se remita a las Cortes de Castilla y León para su debate por los grupos parlamentarios.