La Junta de Castilla y León ha iniciado ya el procedimiento para que sus servicios jurídicos estudien la presentación de un posible recurso, en caso de que el Gobierno avance en su propuesta de hacer permanente el impuesto energético, con la excepción de las comunidades forales.

A estas las pretende conceder capacidad normativa sobre el mismo, permitiéndolas así establecer bonificaciones o beneficios fiscales en su territorio.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz de la Junta de Castilla y León y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado que, desde el punto de vista del Gobierno regional, esto "supondría una nueva ruptura del principio de igualdad y equidad entre los españoles". 

"El Gobierno está dispuesto a que en dos comunidades se permita tener una capacidad normativa específica para poder establecer la bonificación y, con ello, un beneficio fiscal. Esto haría que 15 comunidades nos viésemos perjudicadas, dado que esa bonificación estaría prohibida al resto", ha denunciado. 

Asimismo, ha recalcado que esta decisión del Gobierno de Sánchez ha provocado que “diversas” compañías hayan anunciado sus intenciones de trasladar sus inversiones a otros países. 

En este sentido, ha explicado que los servicios jurídicos de la Junta ya están analizando el momento más adecuado para presentar el recurso, así como el contenido del mismo, por si esta posibilidad se convirtiese en una realidad. 

"Nuestra idea es analizarlo con detalle e iniciar el procedimiento de recurso", ha confesado. Porque, según ha apuntado Carriedo, "nosotros no podemos permitir ningún tipo de desigualdad entre españoles".