Los presidentes de diputaciones, también de cabildos y consells del PP han suscrito este lunes, 28 de octubre, un manifiesto contra “cualquier acuerdo” que “implique un cupo independentista”.

Todo por el “profundo agravio que generará al resto de territorios y debiéndose al principio de igualdad de la Constitución”. En Castilla y León lo han firmado todos excepto la de la León, presidida por el PSOE.

El manifiesto apunta que “en el contexto político actual” estas administraciones “reafirman su compromiso” tanto con “la igualdad como con la solidaridad territorial” en un “momento en el que estos principios están siendo amenazados por las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez”, apuntan.

Denuncian que estas concesiones, como la amnistía o la financiación para Cataluña, "socavan los pilares fundamentales del Estado autonómico y ponen en peligro la cohesión territorial y la unidad de España".

Después de más de 200 años en los que las administraciones locales "han sido fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional, siempre en línea con los principios establecidos en la Constitución de 1978".

Consideran que la defensa de ese modelo "es crucial frente a los intentos del Gobierno socialista y sus socios de introducir un sistema asimétrico y confederal, donde unos pocos territorios obtienen privilegios a costa de la solidaridad de todos los españoles".

Creen por ello que las diputaciones deben afrontar los desafíos que plantea "el actual proceso de desmantelamiento de la igualdad territorial" dado que el PP rechaza "cualquier intento de fragmentar el modelo de Estado a través de negociaciones bilaterales que favorezcan a unos pocos y que, a largo plazo, perjudiquen al conjunto del país".

Frente a esos "peligros", estas administraciones se comprometen "a trabajar por un nuevo modelo de gestión que fortalezca su capacidad de garantizar servicios públicos de calidad, y a reclamar una financiación adecuada que les permita cumplir con sus competencias en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos".

Sus demandas "más apremiantes" se concretan en diez puntos, el primero de los cuales es una reforma integral de la financiación local "en paralelo" a la autonómica "que garantice que las administraciones locales puedan cumplir sus competencias con la calidad que merecen todos los ciudadanos, sin importar dónde residan".

En este sentido, "rechazamos cualquier acuerdo que implique un cupo independentista, por el profundo agravio que generará al resto de territorios y al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución" y se comprometen, como piden a todas las administraciones, "a trabajar en una verdadera cooperación interinstitucional entre administraciones locales, comunidades autónomas y el Estado, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y eliminar duplicidades innecesarias".

Reivindican también su "participación activa en el diseño y gestión de los fondos europeos" y exigen "que las convocatorias destinadas a la administración local sean accesibles y se ajusten a la realidad y necesidades de nuestros municipios".

También exigen al Gobierno "que resuelva, de manera urgente, el déficit de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, una situación que pone en riesgo la adecuada gestión de nuestras competencias".

 Se comprometen a "perfeccionar el modelo de gestión y asistencia integral a los municipios, con el objetivo de convertir a las diputaciones en auténticas consultoras públicas y por tanto, en auténticos motores de desarrollo socioeconómico hacia nuevas y mejores cotas de calidad de vida y bienestar, impulsando la colaboración público-privada con especial atención a los municipios de menos de 20.000 habitantes".

"Impulsaremos planes de simplificación normativa, para facilitar la agilidad administrativa y fomentar la iniciativa empresarial, en particular en el medio rural, donde este tipo de medidas son esenciales para el desarrollo económico", aseguran.

Al  tiempo que se comprometen asimismo a "reforzar la administración electrónica en nuestros municipios, como garantía de igualdad entre el medio rural y el urbano, y a acelerar la reducción de la brecha digital, imprescindible para el desarrollo sostenible de nuestros territorios".

Finalmente, exigen al poder legislativo "que incorpore el principio de ruralidad en la elaboración de las normas, para que las soluciones legislativas no sigan respondiendo exclusivamente a problemas urbanos, sino que se adapten a las realidades del medio rural".

Reclaman al Gobierno "la aprobación de un Estatuto Básico del Pequeño Municipio y la adopción inmediata de medidas efectivas y concretas para sostener e incrementar la población en los pequeños y medianos municipios, evitando así la despoblación y garantizando el futuro de nuestras zonas rurales".