Tras la salida del anterior consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), la consejera entrante, Leticia García (PP), comienza a restituir aquellas partidas que su predecesor eliminó a los sindicatos en su afán de recortar.
De esta manera, el Consejo de Gobierno de este jueves ha dado luz verde a la ayuda de 3,9 millones de euros a los agentes económicos y sociales del Diálogo Social y ha restituido la financiación perdida del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) tras adjudicar 900.000 euros para su funcionamiento.
De esta manera, este segundo organismo podrá financiar las actividades desarrolladas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, recuperando así la financiación perdida tras el tijeretazo de Vox el ejercicio pasado.
El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que en el anteproyecto de Ley de los presupuestos para este 2025 también se incluye una subvención al Serla para garantizar su mantenimiento.
Asimismo, ha recordado que el Serla "nunca se cerró" y "siguió funcionando y prestando sus servicios a pesar de que tuviéramos algunas críticas". "No se puede reabrir lo que nunca se cerró", ha incidido.
De esta manera, ha explicado que si existe alguna factura pendiente de pagar fruto del recorte de Vox esta nueva asignación de 900.000 euros servirá para afrontarla. "Siempre hemos dicho que el Serla cumple un papel relevante", ha subrayado.
Además, también se ha referido al "importante esfuerzo" del Serla en austeridad en estos tiempos y ha avanzado que "alguno más habrá", como por ejemplo se está trabajando en el traslado de la sede que pueda "ahorrar algunos intereses".
"Hoy aprobamos unas cantidades que necesitan para realizar sus funciones. Lo cierto es que en Castilla y León hay menos huelgas que en el contexto nacional. Es muy positivo que exista diálogo entre empresarios y trabajadores", ha zanjado.
Con esta subvención, la Junta trata de recuperar la normalidad en este organismo de conciliación y arbitraje que evita que los conflictos laborales puedan llegar a la vía judicial y que Vox optó por intentar eliminar.
En cuanto a la asignación para los agentes del Diálogo Social, Carriedo ha señalado que es la misma partida que ya tienen para 2025 en el anteproyecto y que permitirá "asegurar el funcionamiento de las entidades".