Un torrente de preocupación sacude desde este pasado martes a los 1,5 millones de mutualistas en España. El divorcio producido en el seno de Muface con las aseguradoras privadas, que han cumplido su advertencia ante la insuficiente oferta económica del Gobierno, ha dejado en vilo la asistencia sanitaria de los funcionarios.
En Castilla y León, según la página de datos abiertos de Muface a 31 de diciembre de 2023, hay 110.136 mutualistas. Una cifra que, de no resolverse la disyuntiva, estaría obligada a absorber la sanidad pública con todo lo que ello implicaría en un contexto en el que ya la situación actual obliga a disminuir las listas de espera.
Adeslas, Asisa y DKV, las principales aseguradoras privadas que hasta ahora venían concurriendo a los conciertos, decidieron no presentarse al último propuesto por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Un divorcio que obliga ahora al Gobierno a tomar decisiones trascendentales para evitar el caos sanitario.
No obstante, Muface y Ministerio han trasladado sendos comunicados en el que aseguraban la asistencia sanitaria de todos los mutualistas mientras se prepara una nueva licitación para el periodo 2025-2026. Cabe recordar que la actual está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
Ahora bien, son dos los caminos que se abren a recorrer para evitar que la sanidad pública se vea obligada a absorber de golpe a los 110.000 mutualistas de nuestra Comunidad. El Gobierno deberá realizar una licitación exprés mejorando la prima o forzar una prórroga de 9 meses, contemplada en el contrato.
Esta segunda opción tendría el carácter temporal mientras se prepara una nueva licitación que satisfaga a las principales aseguradoras que venían concurriendo al concierto sanitario.
Es precisamente a este mensaje de tranquilidad al que se agarran desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que según fuentes consultadas por este periódico prefieren "no adelantar acontecimientos".
De esta manera, a pregunta de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León sobre si el sistema sanitario público de la Comunidad se vería comprometido de tener que absorber a la totalidad de los mutualistas, reconocen no tener la respuesta y apelan al "mensaje de tranquilidad" que dio este martes Muface.
"Vamos a ver qué es lo que sucede. La Consejería no se plantea nada más que lo que ha dicho Muface, que va a seguir dando la asistencia, y el Ministerio ha dicho que va a hacer otra oferta, con lo cual no vamos a adelantar acontecimientos", reiteran estas mismas fuentes.
El mutualismo administrativo es un modelo implantado que permite a los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado (profesores, trabajadores de ministerios, sanitarios...) y sus familiares directos decidir si reciben asistencia sanitaria privada o pública.
Todo ello canalizado a través de Muface, que además de las habituales aseguradoras, mantiene un convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social. Este modelo permite aliviar la carga asistencial del Sistema Nacional de Salud y su eliminación podría implicar un hipotético caos sanitario.
En la actualidad, la mayoría de los mutualistas en España optan por la asistencia sanitaria privada. De los más de 1,5 millones que hay en España, casi el 70% tienen su cobertura sanitaria con Adeslas, Asisa o DKV. Centrando los datos en Castilla y León, unos 76.500 funcionarios eligen la cobertura privada.
De Muface están excluidos otros cuerpos como la Justicia y la Administración militar, que canalizan por otras vías a los asegurados.
Dividiendo los datos por provincias, las más comprometidas, por volumen de habitantes, serían Valladolid y León, con 22.255 y 18.471 mutualistas respectivamente. En el lado puesto de la balanza están Soria (4.433) y Palencia (6.034).
Ávila (17.187) y Salamanca (17.054) siguen muy de cerca al top. Burgos (10.021), Zamora (7.084) y Segovia (6.692) se mantienen en el medio en cuanto al número cuantitativo de mutualistas.
El hecho de que casi 33.500 mutualistas opten por la sanidad pública puede deberse a la singular dispersión territorial de Castilla y León. No obstante, la gran mayoría del total se decanta por la sanidad privada, un 69,7% con los últimos datos a 31 de diciembre de 2023.
Cabe resaltar que, en el mes de enero de cara año, los mutualistas tienen la potestad de cambiar su cobertura sanitaria, de la privada a la pública y viceversa.
El Gobierno corre ahora contrarreloj para tratar de dar la vuelta a una situación crítica e inédita en nuestro país, ya que hasta ahora nunca se había quedado desierta la licitación del concierto sanitario de Muface.
Listas de espera
La absorción por parte de la sanidad pública de todos los mutualistas a los que Muface da cobertura provocaría un previsible colapso sanitario.
Todo ello en un marco de una sanidad ya saturada. En la actualidad, las Administraciones públicas ponen énfasis en luchar contra las listas de espera.
Castilla y León evalúa trimestralmente los datos de las listas de espera. En la última publicada, el 25 de octubre de 2024, la demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos se situó en 108 días.
Un descenso de 31 días con respecto a los registrados al inicio del plan de choque que la Consejería de Sanidad puso en marcha en marzo de 2022. El descenso global desde esta fecha es de un 29% y 12.259 pacientes.
Aseguradoras privadas y Ministerio tienen ahora la ardua tarea de buscar una salida en este callejón donde está, en caso de no encontrar una escapatoria, en juego uno de los sistemas más importantes para una sociedad.