La directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, ha defendido este martes las políticas en materia que ha estado haciendo el Gobierno autonómico frente al plan estatal que el Ejecutivo nacional impulsó.

Y que en la Junta recordó que no son “títeres ejecutores de sus deseos”.

Así lo ha manifestado el procurador socialista, Rubén Illera, en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que se ha llevado a cabo esta tarde en las Cortes,

Allí, se haló de las políticas puestas en marcha por la Junta para el cumplimiento de los programas del convenio firmado junto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el periodo 2022-2025.

Pardo ha agradecido la existencia de financiación estatal y de un plan en el que, no obstante, ha manifestado que les hubiera gustado “que se hubiera escuchado más la realidad de Castilla y León”.

Especialmente, cuando la Junta también lo ha financiado y aunque el Gobierno “aporta 109 millones” entre el plan y el “fallido bono joven”, el Ejecutivo autonómico alcanza una aportación total de 121 millones de euros.

“Aportamos más dinero que el Gobierno de España”, ha señalado, concediendo que el Ejecutivo nacional aporta “una parte muy importante” pero que deviene de la prestación de fondos para compensar el traspaso de las competencias.

Además, ha señalado que los programas “los tiene que decidir la Junta” a través de una política de vivienda que “facilite el acceso de las personas con escasos recursos a una vivienda, priorice a los jóvenes, desarrolle el medio rural y mejore la calidad de vida”.

Todo ello como respuesta a la intervención del procurador socialista Rubén Illera, que comenzó su participación en la Comisión criticando las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por incidir en la responsabilidad del Gobierno en materia de vivienda cuando “es una competencia autonómica”.

No obstante, “es la Junta la que marcará el buen o mal futuro de la Comunidad en materia de vivienda en los próximos años”.

Por lo que Illera lamentó la “ausencia de apoyo a los colectivos con mayor necesidad” por parte de la Junta y pidió saber “si han entrado en razón y han comenzado a realizar los programas que decidieron no llevar a cabo hace un año”.

Se trata de cinco programas: el de fomento de la vivienda para personas mayores y con discapacidad, el de fomento de alojamientos temporales y modelos ‘cohousing’.

El de fomento de viviendas de alquiler social y el de erradicación de chabolismo e infravivienda. Así como el del pago de seguro de protección de la renta arrendaticia.

Como respuesta, Pardo señaló que “no es cierto que abandonemos a las personas ni a los colectivos” por no poner en marcha “unos programas que son de libre elección por parte de las autonomías”.

“Marcamos unas líneas de actuación con unos programas y unas políticas en el marco de colaboración con el Ministerio”, sentenció, lamentando, no obstante, que este marque “por primera vez” algunos programas como obligatorio cumplimiento.

Además, puntualizó que la Junta no tiene que “satisfacer los deseos que marque el Gobierno en materia de vivienda porque tenemos los propios”.

Aunque reconoció que no se articulan en un plan de vivienda, como le reclamó el procurador socialista, sí se ejecutan a través de “realidades” como el programa ‘Tuya’, las ayudas al alquiler, la línea de avales para beneficiar a 85 jóvenes o programas paralelos como Rehabitare.