El divorcio en Muface ha suscitado una oleada de reacciones por parte de todos los agentes sociales, políticos y económicos. La incorporación de los funcionarios mutualistas y sus familiares beneficiarios a Sacyl ha llevado a CSIF Castilla y León a advertir que se necesitará al menos la contratación de 3.000 sanitarios.

El sindicato ha subrayado que deberán producirse contrataciones en "todas las categorías" de Sacyl, sumando Atención Primaria y hospitalaria y teniendo en cuenta las "ratios actuales y que los pacientes potenciales se incrementarán un 6,5%".

La estimación de CSIF Castilla y León es que se necesitarán unos 180 médicos y 150 enfermeras en los centros de salud. Respecto a las listas de espera, han avisado de que la demora quirúrgica podría "duplicarse de 108 a 216 días" mientras que las citas en medina familiar podrían darse "varios días más tarde".

Han explicado que los cálculos se han hecho "en base a las cartillas de Seguridad Social y a la actividad asistencial de la sanidad en la Comunidad". "Si lo que se plantea es una integración progresiva al SNS hay que implementar o reforzar infraestructuras tanto en atención primaria como hospitalaria", han insistido.

Igualmente, avisan de que al ritmo que se están haciendo las licitaciones y las obras en Castilla y León, "necesitaríamos cerca de 10 años para adaptar el personal y ampliar o crear centros de salud o dimensionar adecuadamente otros servicios sanitarios".

Precisamente, ponen de ejemplo el nuevo centro de salud de Magdalena, en Valladolid, "que es relativamente pequeño" y "lleva en proceso unos 15 años entre licitaciones y construcción".

"Nos consta que los plazos en otros proyectos que se están llevando a cabo en otras provincias viven situaciones similares", ha apuntado Enrique Vega, responsable del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León.

"En caso de que todos los funcionarios y beneficiarios de Muface se integren a la vez en la atención de la Seguridad Social el colapso del sistema público sanitario será aún mayor y más serio", ha añadido.

Otro "problema significativo" será el tema económico y es que el sindicato considera que el incremento presupuestario de la Consejería de Sanidad de Castilla y León debería ser de "352 millones de euros, sin contar las inversiones en infraestructuras y medios que haya que afrontar, con lo que debería ascender a unos 5.230 millones".

Un aumento que "tiene en cuenta a los nuevos usuarios que lleguen de Muface y los factores correctores de superficie, dispersión o edad que considera la Junta".

Así, desde CSIF Castilla y León se han alineado con la manifestación convocada a nivel nacional para el 14 de diciembre frente a la Dirección General de Muface en Madrid, para exigir al Gobierno un nuevo concierto con las aseguradoras, según se comprometieron en la última reunión del Consejo General del organismo.

Así, exigen al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública que el concierto de la licitación exprés sea "adecuado y atractivo, conforme a mercado, que permita la concurrencia de las aseguradoras para garantizar la asistencia sanitaria del millón y medio de mutualistas y sus beneficiarios familiares".