Hasta 577.011 trabajadores de Castilla y León estarían en riesgo de perder su empleo con la irrupción que ha provocado la inteligencia artificial en los mercados laborales.
Concretamente, 242.952 puestos estarían en un “alto riesgo” y 334.059, con un “riesgo significativo”, según el informe sobre la repercusión de los algoritmos en el mercado laboral de Castilla y León que ha recopilado UGT, bajo el marco del IV Acuerdo Marco para la competitividad y la innovación empresarial.
El uso de la inteligencia artificial en el empleo está provocando la eliminación de un gran número de puestos de trabajo.
Y, aunque también crea otros, desde UGT consideran que la educación y la formación sobre la inteligencia artificial tiene un papel crucial para prevenir el desempleo a medio plazo, garantizando una mano de obra más cualificada.
Así lo ha expuesto Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGT, quieren “poder tratar y hacer más tangibles los números y la repercusión de la inteligencia artificial en el mercado laboral de Castilla y León”.
El conocimiento y las sensaciones que tienen sobre la inteligencia artificial en España se sitúan en el siguiente entorno: “el 89,1 por ciento de los que han oído hablar de la IA creen que existe algún tipo de riesgos”.
Y de estos “1 de cada 2 creen que estos riesgos pueden ser muy graves”.
Según datos de la Unión Europea el 14 por ciento de los empleos en los países de la OCDE son altamente automatizables y un 32 por ciento podría enfrentar cambios sustanciales.
Es un hecho que la IA se usa para agilizar y optimizar las rutas de venta, mejorar el mantenimiento de las máquinas, aumentar la producción y la calidad, mejorar el servicio al cliente y ahorrar energía.
“La repercusión directa que cualquier ciudadano puede tener en su taller, en su ordenador, en el día a día, entre comillas, jugando a hacer cuatro fotos con la inteligencia artificial".
"Pero luego en el mundo laboral tenemos una gran diferencia desde un CEO en Recursos Humanos a poder tener”, apunta el secretario.
Aplicando la metodología que ha difundido la OCDE para Castilla y León, y en función de los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, más de la mitad de las personas con empleo (ocupados) de la Comunidad están en riesgo de perder su empleo en el horizonte 2030 a causa de la automatización de tareas.
Según ha expuesto Santa Eufemia, “Castilla y León es la cuarta comunidad con mayor riesgo de pérdida de empleo por la IA".
"Solo por detrás de Murcia, Extremadura y CLM, con un 24 por ciento de empleos en altísimo riesgo de desaparición y un 33 por ciento en riesgo sustancial de ser reemplazados por máquinas”.
Para aminorar esta masiva pérdida de empleo, UGT incide en que la formación profesional se convierte en un aspecto fundamental, pero “llevará un coste y un tiempo”.
Así, y trasladando de nuevo la metodología del Foro Económico Mundial a la EPA, “necesitaríamos invertir más de un año de formación continua para reciclar a 316.000 personas trabajadoras de Castilla y León”.
Al respecto, Santa Eufemia ha señalado que un 21,2 por ciento de los empleos, 214.650, podrían “reciclarse” a la inteligencia artificial en menos de un mes, una tarea “sencilla”.
Sin embargo, el sindicato calcula que un 15,4 por ciento tendría que hacerlo entre uno y tres meses, y equivaldría a 155.925 trabajadores.
Otro 15,4 por ciento de tres a seis, incorporando de nuevo a 155.925 trabajadores; un 16,8 por ciento de seis a 12 meses, con 170.100 trabajadores, también un 31,2 por ciento más de un año, que sería 315.700 trabajadores.
Ante la cuestión de qué deben hacer los trabajadores ante la integración de la IA, el secretario ha hablado de transparencia.
“La empresa deberá facilitar toda la información sobre su funcionamiento a las autoridades, y a las personas trabajadoras y sus representantes. Esta información deberá ser clara y adecuada".
La toma de decisiones “siempre deberán estar supervisados por una persona; un humano estará siempre al final de la decisión, por encima de los resultados de una máquina”.
Respecto a la formación e información “tanto las personas trabajadoras como sus representantes legales debemos estar formados en esta materia, para poder tomar las decisiones correctas sobre su uso”.
Además, deben “apoyarnos en normas, reglamentos y convenios colectivos. En un futuro cercano existirán leyes que determinar las decisiones empresariales en temas de inteligencia artificial y podemos incluir su desarrollo en los convenios colectivos”.
Y, finalmente, hacer un especial seguimiento al mal uso de la IA, “El objetivo empresarial nunca puede estar por encima de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, de forma muy especial aquellos de origen discriminatorio, protección de datos y la privacidad”.