Izquierda Unida ha defendido este viernes el traspaso a la sanidad de Castilla y León de los 110.000 pacientes beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios civiles del Estado (Muface), un 3,1% del total.
La formación ha defendido en un comunicado que, de esta forma, el Servicio de Salud de Castilla y León recibiría el dinero que se destina a las aseguradoras privadas que siguen prestando este servicio a funcionarios de las diversas administraciones.
Para IU, la sanidad pública "ya cubre buena parte de las prestaciones en procesos más costosos y urgentes, por lo que la capacidad de absorber la población mutualizada es incuestionable". El partido ha señalado que "como ahora, está garantizada por definición" y que "la universalidad define al sistema público".
A juicio del partido, afirmar que "van a dejar tirados a los mutualistas" supone "demagogia mala y su estrategia de negocio" y ha defendido que las comunidades se "refuercen desde el funcionamiento público". "Estaremos vigilantes de posibles excusas para externalizar y derivar en una nueva línea de negocio privado", han dicho.
IU ha considerado "un sinsentido" que funcionarios públicos no utilicen el sistema público de salud y que una parte reciban la prestación sanitaria en una empresa privada sostenida con fondos públicos y ha asegurado que "la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia pública es tan viable como razonable".
Un "lobby de la sanidad privada"
Además, ha denunciado que "un lobby de la sanidad privada está intentando sacar tajada con la salud de la ciudadanía y de una parte de esta que trabaja para lo público".
"Estas empresas privadas de sanidad no se contentan con el incremento de casi el 20% ofrecido por el Ministerio y que supone casi 2.700 millones de euros en dos años. Sería interesante que este incremento que el PP reclama al Gobierno para la sanidad privada, lo llevara a la pública de las comunidades que gobierna", ha afirmado.
En este sentido, IU ha asegurado no compartir "el sistema arcaico" que consiste en el pago del seguro privado de los funcionarios por parte del estado y ha defendido "que todo el funcionariado acuda al sistema público de salud, en las condiciones del resto de la población".
Además, ha exigido que el dinero que se ahorre al abandonar estos convenios se destine "a potenciar los sistemas públicos de salud en las comunidades autónomas".