Vox ayuda a Podemos a sacar adelante su Ley Antibulos para "abrir un debate" sobre la publicidad institucional

Vox ha facilitado este miércoles la tramitación de la proposición de ley presentada por Podemos en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Publicidad Institucional autonómica con el objetivo de que se "abra un debate" sobre la publicidad institucional, a pesar de mostrarse en contra del grueso de la iniciativa.

La toma en consideración de la norma ha contado con 36 votos a favor, de PSOE, UPL-Soria Ya y Unidas Podemos, los 31 votos en contra del PP y 13 abstenciones de Vox. El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha apostado porque se abra un debate sobre "el abuso de la publicidad institucional de PP en Castilla y León y de PSOE en España".

La iniciativa plantea que se prohíba la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor, la intimidad o por delitos de odio.

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"Sí quieren montar un periódico digital o una televisión, pues lo monten ustedes, con su dinero, no con el dinero de los contribuyentes", ha afirmado el portavoz de Vox, que ha asegurado que los ciudadanos deben saber que los medios que difunden noticias "fruto de la convicción y no por consignas de las sedes" de ambos partidos.

Gallardo ha asegurado que su formación no ve como "enemigos o amigos" a los medios de comunicación en función de una línea editorial y ha calificado de "deplorable" la crítica de Podemos a algunas cabeceras que no le pueden gustar, pero tampoco ha compartido la posición de PSOE y del PP.

El portavoz de Vox ha acusado a los dos grandes partidos de "utilizar" la publicidad institucional para "condicionar" las noticias que se difunden a los ciudadanos y ha asegurado que "hay que decir basta al abuso de la publicidad institucional".

Rubén Cacho ICAL

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Fernández defiende la iniciativa

En la presentación de la iniciativa, el procurador de Unidas Pdoemos, Pablo Fernández, ha asegurado que demanda algo "tan razonable, sensato y de sentido común" como que la Junta "no pueda dar dinero público a medios que hayan sido condenados por informaciones inexactas o discursos de odio".

"Nadie en las Cortes podría negarse a dar dinero a quien difunde bulos, delitos de odio y no respeta los derechos de las personas", ha afirmado, y ha pedido abordar "de forma urgente" el debate sobre la publicidad institucional y ha calificado de "lacra" que la Junta la utilice para "comprar a medios de comunicación".

También ha denunciado que se financie con dinero público, a través de contratos menores, a "pseudomedios de comunicación" que no tienen edición en Castilla y León" y difunden "bulos, mentiras y falsedades a la ciudadanía", lo que ha calificado de "basura" y de "atentar contra la democracia".

"Los extremos se unen"

Por parte del PP, el procurador Raúl Hernández ha asegurado que "los extremos de Vox y Podemos se unen para amordazar a los medios de Castilla y León" y ha defendido las campañas de publicidad como "vehículo" de difusión de mensajes a los ciudadanos.

"Los extremos se unen para atacar a la parte más débil", ha insistido, achacando los bulos a las redes sociales más que a los medios y defendiendo el reparto de la publicidad institucional con "independencia" de la línea editorial. 

El procurador de UPL Luis Mariano Santos ha señalado que la línea editorial de un medio "queda limitada con la dependencia económica del poder", aunque ha afirmado que no entra en la deontología de los profesionales, denunciando las dificultades de los partidos pequeños.

"Este es el primer problema y su proposición de ley no entra en cómo solventarlo", ha afirmado, denunciando que los bulos "pueden partir tanto desde la derecha como de la izquierda", aunque ha apoyado la iniciativa para que se pueda "mejorar" en las Cortes.