La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella por prevaricación contra los Magistrados del Supremo que firman la sentencia que avala la colocación de banderas LGTBi en edificios públicos.
En concreto, la bandera que fue puesta en el balcón de la Diputación de Valladolid. Hay que recordar que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió la semana pasada que la colocación de la bandera arco iris con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay, el 28 de junio, en un patio interior de la Diputación Provincial de Valladolid o en el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza no infringe la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, ni los principios de objetividad y de neutralidad de las Administraciones Públicas.
La organización de juristas acusa a los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de un posible delito de prevaricación al no haber llevado a cabo un cambio de jurisprudencia sin justificar. La querella deja fuera al Magistrado, José Luis Requero, que emitió un voto particular.
Abogados Cristianos argumenta que un cambio tan significativo frente a su anterior Sentencia de 2020 viola el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la CE. Y señala que "un cambio así debería estar articulado sobre la base de nuevos elementos o cambios significativos en el marco jurídico o social que justifiquen tal modificación, algo que no ocurre en este caso.
La Organización de juristas solicita además la nulidad de la sentencia.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que "el cambio de postura del Tribunal Supremo es otro ejemplo de cómo se ha politizado el sistema judicial. Esta resolución evidencia el impacto del Sanchismo en la pérdida de independencia de la justicia, frente a la inacción del PP".
Castellanos recuerda que "esta sentencia es fruto del recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Valladolid, ambas gobernadas por el PP".
Abogados Cristianos solicita además a los gobernantes que el día 30 de diciembre coloquen en todos los edificios públicos la bandera de la familia.