Decenas de empleados públicos de Castilla y León se han movilizado este lunes, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ante las nueve subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad para mostrar su rechazo al previsible cierre de Muface y para exigir mejora de las condiciones laborales.
Unas movilizaciones que, según han advertido, seguirán con "medidas más contundentes" en el caso de que el Gobierno de España continúe "sin reaccionar". Las protestas se han llevado a cabo en todo el territorio nacional para exigir que se desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales.
Condiciones que afectan a cuestiones como la retribución salarial, la oferta de empleo público, la jubilación, la jornada o el teletrabajo, entre otros.
Unas movilizaciones que también se han extendido hasta el Ministerio de Hacienda en Madrid y han recordado que desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones públicas para llevar a cabo la negociación de todas estas cuestiones.
Desde el sindicato apuntan que es "urgente" la negociación de una subida salarial este próximo año, ya que el actual caduca a final de 2024 y ha provocado una "pérdida de poder adquisitivo" del 6% desde 2022.
También inciden en una negociación de la oferta de empleo público para el próximo ejercicio, ya que el Ejecutivo nacional ha sido "incapaz" de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Además, han destacado que el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo de CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que en mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de Zapatero.
Así, el tribunal, en una providencia del 2 de diciembre de 2024, ha acordado la admisión del recurso a trámite al concurrir "una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales".
Por ello, hace un requerimiento a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que en 10 días remita al tribunal la certificación del expediente.
Unos recortes que, según han explicado desde CSIF, se mantienen en vigor desde 2010 y suponen que los empleados públicos hayan trabajado en este tiempo entre "13 y 18 meses gratis", en función del grupo profesional al que se pertenezca.
Una situación a la que se suma la "pérdida global del 20% del poder adquisitivo" desde que se ratificase la bajada salarial en 2010. También exigen una corrección de las "desigualdades retributivas" entre la Administración General del Estado y las autonomías.
Para ello, apuntan que es necesario una dotación de fondos adicionales de unos 1.487 millones de euros repartidos entre el 2025 y el 2027, para conseguir la "igualdad salarial plena en 2028".
De esta manera, consideran prioritario que se aborde una negociación del nuevo acuerdo salarial para recuperar el poder adquisitivo conjunto, asignar fondos adicionales para la equiparación salaria, recuperar la estructura salarial previa a 2010 o negociar una nueva oferta de empleo público, entre otros temas.
También inciden en la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementar la carrera profesional en todas las administraciones, además del teletrabajo.
Por último, demandan una mejora de las condiciones de jubilación con una regulación definitiva de la tipo parcial para los funcionarios y estatuarios, adecuar los grupos profesionales y actualizar el TREBEP para reforzar su carácter de norma básica para garantizar las condiciones laborales.