El Tribunal Constitucional admite el recurso de Castilla y León contra la Ley de Amnistía
- Tramitará 19 recursos contra la norma aprobada por el Congreso.
- Más información: Castilla y León cree que su recurso contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional será admitido como el de Aragón
El Tribunal Constitucional ha admitido este martes el recurso interpuesto por Castilla y León contra la Ley de Amnistía, así como los otros 13 presentados por otras comunidades autónomas del territorio nacional.
Del mismo modo, según informa la Agencia Ical, el Tribunal ha decidido dar traslado al fiscal sobre la cuestión promovida por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña para que informe sobre el mismo.
En cuanto a los recursos de las autonomías, cabe recordar que estos incluyen los presentados por once ejecutivos del PP, los de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja.
A estos se suman, además, los formulados por parte de dos Parlamentos autonómicos con mayoría popular y el presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page.
Si bien, el Tribunal tramitará un total de 19 recursos contra la norma, que comprenden los 15 de las comunidades autónomas, dos del TSJC, uno del PP y la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Supremo.
No obstante, antes de proceder con el análisis de los recursos, el Constitucional deberá resolver la recusación contra el magistrado conservador José María Macías, al que la Fiscalía acusa de falta de imparcialidad por haber respaldado informes contrarios a la norma durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Y es que, tal y como recoge Ical, esta es una de las 54 recusaciones presentadas hasta la fecha.
El proceso se inició el 3 de diciembre, cuando el Pleno admitió el primer recurso presentado por las Cortes de Aragón. Esta admisión marcó el comienzo de una serie de admisiones que ahora se extienden al resto de impugnaciones autonómicas.
La decisión representa, por tanto, un paso significativo en el proceso de revisión constitucional de la controvertida Ley de Amnistía.