Trabajadores de incendios forestales critican el informe de la Junta: “El engaño es más que evidente”

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) han mostrado su “absoluto rechazo” a las conclusiones que la Junta de Castilla y León ha extraído del “supuesto” informe denominado ‘Análisis técnico de la eficacia del sistema de vigilancia de incendios forestales del Operativo de Castilla y León’ y las decisiones de mantenimiento de precariedad y destrucción de empleo público derivadas del mismo.

Para la asociación, “es innegable que se trata de un estudio altamente sesgado al que se suma una resolución en la que se han utilizado estrategias de manipulación de datos vergonzosas y repugnantes que aumentan, aún más, el ninguneo y desprecio de la Junta a los trabajadores y trabajadoras del Operativo de Incendios Forestales de Castilla y León”.

Eduardo Margareto ICAL

Trabajadores de Incendios Forestales denuncian el desmantelamiento de la red de torres de vigilancia

Así, afirman que la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal, a lo largo de esta resolución, “demuestra un absoluto menosprecio” a los trabajadores que componen el Operativo encargados de la vigilancia, detección, prevención y extinción de incendios forestales en nuestra comunidad autónoma.

Según su estimación, esto es apreciable al ver cómo se elude nombrar a las personas vigilantes de incendios durante todo el documento. “La omisión de citar que la red de puestos fijos de vigilancia (comprendida por 171 torres y 400 vigilantes) es mucho más amplia que la red de cámaras de vigilancia que se pretende implantar (101 cámaras) es otra obvia manipulación”, argumentan.

Así, prosiguen en una información recogida por este medio, que el “engaño es más que evidente” cuando se indica que el 84,2% de los primeros avisos de incendios forestales recibidos al año en Castilla y León proceden de llamadas del 112, particulares, agentes medioambientales u otros alertantes.

“La muestra de la estadística es corrupta al aplicar la variable estadística de un año mientras mantienen el periodo de prestación de servicios a tan solo 3 meses en muchos puestos de vigilancia (según RPT), además de contabilizar tanto la primera alerta del vigilante como las posteriores llamadas del 112 en los primeros avisos", aseguran.

“Esta manipulación en la información aportada en la resolución, es otro ejemplo más del discurso de humillación a los trabajadores y trabajadoras del Operativo que la Junta de Castilla y  León  ha  proclamado  durante  el  2024  a  través  de  sus  representantes  durante  las comparecencias que ha dado el Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suarez-Quiñones, las resoluciones del Director General José Ángel Arranz Sanz, los informes del Jefe de Servicio Ángel Manuel Sánchez Martín, los discursos del ingeniero del CDF Víctor Fernández Huertas y muchos otros ejemplos que exigimos cesen para este año”, critican.