La Corporación Local quería incluir en el recibo del agua potable los costes de llenado de una piscina municipal  añadiendo a la factura unos 3 euros más por usuario. Desde el "espacio vecinal de La Adrada", en defensa de los consumidores y de las familias del municipio, frente a actuaciones unilaterales y fuera de normativa, se enviaron más de un centenar de quejas al Defensor del Pueblo de CyL, quien dio la razón a la entidad vecinal, declarando finalmente nula la subida del agua.

Cuando desde la entidad de vecinos de La Adrada se pide transparencia en la gestión de la Ordenanza del agua recurriendo al Alto Comisionado de las Cortes de CyL, debido a que no se recibe la información solicitada acerca de diversos aspectos relacionados con la salubridad, informes económicos y gestión del agua,  la Junta de Gobierno Local ha abierto un expediente sancionador de revisión urbanística al  promotor y coordinador de la queja colectiva.



"Resulta inexplicable la falta de diálogo con el movimiento vecinal. No entendemos por qué el Ayuntamiento se toma de esta manera la expresión de la participación ciudadana en la vida pública y política de su localidad, porque además de fortalecer el sistema democrático, es el motor del compromiso colectivo y la mejor forma de canalizar la inteligencia colectiva en pro del bien común", apuntan desde el espacio vecinal.



El expediente sancionador trataría de imponer ahora un plan urbanístico del año 2000 que afectaría presuntamente a varias viviendas por el transcurso de una tubería de riego, pero cargando exclusivamente una servidumbre de paso de personas para mantenimiento de la canalización subterránea solo en el inmueble del coordinador vecinal, con la pretensión de abrir en la propiedad un pozo con brocado de control sobre la red de riego, existiendo ya otros dos registros funcionales para el fin que pretenden. Este pozo sería una fuente de infección por la proliferación de bacterias y patógenos, pudiendo afectar a la enfermedad grave que padece uno de los descendientes de la familia en riesgo de vulnerabilidad.



Desde la plataforma explican que son los Ayuntamientos los que han de velar por la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. «Son derechos constitucionales: el de la propiedad privada y el de la salud- afirman- y que te hagan dejar la puerta abierta de tu casa no es "seguridad" y hacerte abrir una arqueta sin sellado sanitario a un agua no tratada no es salubre para personas con patologías previas, sobre todo disponiendo el Ayuntamiento de dos registros de control sobre la red de riego, uno a cada lado de la propiedad». "Habría que ver -añaden desde la comunidad vecinal- si estas exigencias de paso de personas y de mantenimiento del canal subterráneo se aplican por igual a todas las parcelas concernidas por la servidumbre de la tubería de riego y por qué razones se quieren imponer ahora". "Es necesario encontrar fórmulas de diálogo sin llegar a estos extremos con el fin de crear un ambiente de cordialidad base de la convivencia democrática para atraer población a la España vaciada" -concluyen.



Cuando la familia ha solicitado un Informe de Salubridad al respecto, el Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de Ávila de la Junta de Castilla y León ha enviado comunicación al Ayuntamiento haciendo mención expresa a la conveniencia de incluir en este proyecto las medidas correctoras oportunas para preservar la seguridad y la salud de los ciudadanos, sin que se haya producido ninguna reacción hasta el momento en la Comisión Local de Urbanismo.



La familia del coordinador vecinal se ve arrastrada a un Contencioso Administrativo que puede suponerle desde 500 euros por los honorarios de abogado y procurador hasta más de 5000 euros por las costas judiciales al albur del proceso en los Tribunales, pudiendo hacer que por motivos económicos no se puedan defender judicialmente, mientras que el Ayuntamiento juega con la ventaja que supone el dinero y los recursos de todos. Además, este proceso judicial estresaría las circunstancias socio-sanitarias de una familia apegada a los hospitales.



Esta no es la primera vez que el Consistorio actúa desatendiendo a esta familia. En 2017 tuvieron que recurrir al Procurador del Común porque el Ayuntamiento abrió una obra pública sin fecha de finalización a la puerta  de su casa sin respetar los accesos universales para personas con movilidad reducida obviando la específica protección constitucional a estas circunstancias de la unidad familiar (Art.14 y 49). 

La plataforma vecinal ha propuesto al equipo de gobierno como candidato al premio "Corazón de Piedra" que reconoce a personas y organizaciones que muestren mayor insensibilidad o produzcan desamparo y sufrimiento a las familias. Por su parte,  los vecinos han escrito a la Diputación Provincial, a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, incluso al PSOE para que se estudien alternativas razonables conducentes al cierre del expediente, llamando la atención sobre estas actuaciones municipales que ponen de manifiesto una extraordinaria falta de sensibilidad humana y social que todavía resulta especialmente más grave en personas y organizaciones cuyo cometido debería ser garantizar la calidad de vida física y psicológica de toda la población, sobre todo la de los más vulnerables.