El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado este jueves a la Junta a indemnizar con un total de 150.000 euros a una madre a la que le fue retirada de forma injustificada la tutela de sus hijas. Una decisión que se tomó tras una discusión entre la madre y una de las jóvenes por el uso del teléfono móvil sin ninguna intervención más ni previa notificación al respecto.
En septiembre de 2015, la madre había solicitado la ayuda de los servicios sociales de Ávila con el objetivo de participar en un programa de intervención familiar que la permitiera establecer con sus hijas, que contaban con 12 años en aquel momento, una relación parental positiva.
Durante meses el programa transcurrió con total normalidad, hasta que, a finales de enero de 2016, se inició una discusión entre la madre y una de las jóvenes por el uso del teléfono móvil, que desembocó en un forcejeo por el dispositivo.
Las dos hermanas, por indicación de su madre, contaron este incidente en una de las sesiones a la persona de servicios sociales y, sin que mediase intervención alguna más, el programa se interrumpió. Finalmente, el 12 de abril de 2016, sin que hubiera previa notificación ni información al respecto, un grupo trabajadores sociales de la Consejería y agentes de la Guardia Civil, acudieron al domicilio familiar y notificaron la resolución de la declaración de desamparo de las niñas, llevándoselas a un centro residencial de menores a 80 kilómetros de su casa.
Según la sentencia del TSJCyL, esta decisión se tomó sin que constase "ninguna audiencia con la madre" y tampoco "se la pidió aclaración o explicación". Añade la sentencia que lo oportuno hubiese sido "volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado" y tomar la decisión valorando el "interés prioritario" de las jóvenes.
El Tribunal Superior de Justicia ha concluído que se puede apreciar "una actuación precipitada y desproporcionada de la Administración" y ha recorado que este tipo de Programas tienen como propósito preservar "la integridad de la familia" evitando "una separación de los niños" y que las niñas deberion "haber sido escuchadas" antes de tomarse la decisión.
La Junta respeta la sentencia
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta respeta la senencia. "Respetamos las decisiones judiciales y se cumplirán. Los profesionales siempre actúan con una única intención proteger a los menores, siempre impera la protección de los menores", ha dicho.
Además, ha añadido que "si los padres se han visto limitados en su derecho de patria potestad entendemos que lo hayan reclamado". "Se analizará la sentencia por si hay que modificar los protocolos", ha zanjado.
Blanco defiende la labor de los técnicos de Infancia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, ha defendido la labor que realizan los técnicos de Infancia que “son los que se enfrentan cada día a estas situaciones y siempre, que no les quepa la menor duda, velan por el interés del menor”. Blanco ha mostrado su respeto por la sentencia del TSJCyL que condena a su departamento a pagar una indemnización de 150.000 euros a una madre y sus hijas mellizas por lo que considera retirada de la tutela “injustificada”.
Blanco ha recordado que la sentencia hace alusión a una separación del año 2016, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de Ávila, que “retira la tutela de dos menores a su madre”. La consejera ha insistido, en respuesta a los periodistas, “no les quede ninguna duda que en las gerencias de Servicios Sociales velamos siempre por el interés de los menores”.