“Esto demuestra que se puede luchar y ganar al gran gigante, al Goliat, que es la administración pública. Han sido ocho años pensando que eres un papel olvidado en un cajón, pero al final, se ha hecho justicia. Ha merecido la pena no rendirse”, así resumen su lucha contra la Junta de Castilla y león, las dos hermanas mellizas que fueron separadas de su madre por una decisión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la Junta a indemnizar con 150.000 euros a la madre a la que le fue retirada de forma “injustificada” la tutela de sus hijas. Una decisión que se tomó tras una discusión entre la madre y una de las jóvenes por el uso del teléfono móvil “sin ninguna intervención más ni previa notificación al respecto”, según recoge este medio a través de un comunicado de la Fundación Raíces.

[Condenan a la Junta a indemnizar con 150.000 euros a una madre por la retirada injustificada de la tutela de sus hijas]

A.P, la madre de las niñas y de origen búlgaro, cree que ha sido un "caso abusivo" que ha mostrado cómo el menor "no está protegido", se convierte en un número más para no luchar por su vida familiar. Mis niñas eran dos números para la administración". Además ha lamentado que la justicia gratuita "tarda mucho tiempo" y durante este tiempo "han destruido mi vida por completo". “Este tiempo ha sido el más doloroso de nuestra existencia.  La impotencia y verte arrollado por un sistema poderoso que funciona contra ti que no eres nadie, ha sido como David contra Goliat, darte cuenta de que por mucho que luches estás perdido.” “Todos me avisaron de que de ahí no salía nadie, porque es la Administración Pública, yo pensaba que estaban ahí para ayudar a las personas vulnerables, ¿es su función no?, pues no fue así. Sin Fundación Raíces no seriamos una familia ahora, las niñas allí nunca hubieran llegado a sus sueños y yo lo mismo ya no seguiría aquí”. Madre e hijas agradecen a la Fundación Raíces, “su héroe”, el que les ha ayudado durante este tiempo.

M.P es una de las niñas que reconoce que “la gente no es consciente del impacto que supone separar e internar a un menor en un centro, pues en ningún momento nos explicaron qué es lo que estaba ocurriendo”. En su opinión, lo peor durante todo este tiempo ha sido ver cómo pasan los años y llegan las dudas. “Hay una fe ciega y respeto a la administración y me hacía dudar de ganar al gran Goliat. Han sido años muy duros”. Para su hermana, A.P, “esto demuestra que nos puede pasar a cualquiera. La gente se sorprende y no nos crea. Tengan esperanza de que sí se puede ganar” y espera que esta sentencia crea precedente.

En septiembre de 2015, la madre había solicitado la ayuda de los servicios sociales de Ávila con el objetivo de participar en un programa de intervención familiar que la permitiera establecer con sus hijas, que contaban con 12 años en aquel momento, una relación parental positiva. Durante meses el programa, consistente en recibir apoyo de una orientadora familiar que visitaba a la familia en su domicilio, se desarrolló con total normalidad, hasta que, una noche a finales de enero de 2016, se produjo una discusión entre la madre y una de las preadolescentes por causa del uso del teléfono móvil, que terminó en un forcejeo por el dispositivo.

Las dos hermanas, por indicación de su madre, relataron este incidente en una de las sesiones que las niñas mantenían a solas con la persona de servicios sociales que intervenía semanalmente con la familia. Tras esta narración, sin ninguna intervención más, el programa de intervención familiar quedó interrumpido, hasta que tres meses después, el 12 de abril de 2016, sin previa notificación ni información al respecto, trabajadores sociales de la Consejería, auxiliados por agentes de la Guardia Civil, se personaron en el domicilio familiar y en el mismo acto notificaron la resolución administrativa de la declaración de desamparo de las niñas y se las llevaron, en contra de su voluntad,  a un centro residencial de menores a 80 km aprox. de su domicilio. Desde el primer día la madre y las niñas lucharon contra esta decisión, a través de un conocido encontraron a Fundación Raíces y esta entidad asumió la defensa letrada del caso poniendo a disposición de la madre a uno de sus abogados.