La Guardia Civil de Ávila ha investigado a un empresario como presunto autor de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra los derechos de los trabajadores al haber gestionado y almacenado de forma irregular más de 2.000 toneladas de residuos peligrosos, procedentes de su actividad agrícola.

La operación comenzó tras un servicio orientado a la vigilancia y prevención efectuado por efectivos del Seprona y la Unidad de Helicópteros de Guardia Civil, llevando a cabo un vuelo rutinario donde se observó una acumulación anormal de plásticos en una parcela adyacente a una empresa dedicada al tratamiento de residuos.

Por ello, la Guardia Civil decidió realizar una inspección a la empresa y a la parcela, gracias a la cual se pudo constatar que los residuos plásticos, que contenían restos de productos fitosanitarios peligrosos, se almacenaban directamente sobre suelo permeable y a la intemperie, sin cumplir con las medidas de prevención requeridas.

Las muestras recogidas de plásticos, suelo y líquidos fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ubicada en Madrid, para su estudio y análisis, cuyos resultados revelaron la presencia de un fungicida sistémico autorizado para el tratamiento de diversas enfermedades causadas por hongos en los cultivos.

Esta sustancia puede permanecer en el suelo durante hasta 11 años, afectando su calidad, la fertilidad, y con riesgo de infiltrarse en aguas subterráneas, comprometiendo su uso y dañando ecosistemas acuáticos.

Se solicitó el apoyo de la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa del Servicio de Protección a la Naturaleza (Ucoma), que efectuó el correspondiente informe pericial, y una vez concluido, se pudo determinar que almacenamiento incontrolado de estos residuos suponía un riesgo significativo para el medioambiente y la salud.

Por ello, recientemente, el propietario y gerente de esa empresa, fue investigado en dependencias oficiales de la Guardia Civil en Ávila por gestionar residuos peligrosos sin contar con las instalaciones adecuadas y la autorización necesaria para gestionar esos residuos.

Es de destacar que desde el año 2018, dicha empresa había recibido más de 2.000 toneladas de plásticos contaminados, con un valor aproximado de 200.000 euros. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente, quien seguirá el proceso legal correspondiente.