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Audiencia Provincial de Ávila
Un inspector de Hacienda de la Junta en Ávila pacta dos años de cárcel por cohecho
Intentó que un hombre le pagase 50.000 euros, justificándolo que lo hacía por "desesperación", mientras le estaba llevando la tramitación de un expediente.
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Un inspector de Hacienda de la Junta de Castilla y León en Ávila ha pactado dos años de cárcel y ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de cinco años por un delito de cohecho. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros y el pago de las costas causadas.
Así se recoge en la sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial de Ávila a la que ha tenido acceso este periódico, en la que en la parte de la acusación se encuentran el Ministerio Fiscal, la Junta de Castilla y León y la víctima, un hombre que estaba tramitando, en nombre de su madre, el expediente del impuesto de sucesiones por la muerte de una hermana de ésta.
Los hechos probados, según la sentencia, se remontan al segundo semestre de 2022 e inicios de 2023, cuando el acusado era jefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias del Servicio territorial de Hacienda de Ávila.
Como consecuencia de su puesto estaba a cargo de la inspección de la declaración del impuesto de sucesiones presentada por el hijo de la solicitante que había heredado por el fallecimiento de su hermano un año antes.
Durante la inspección, el acusado detectó que se habían omitido una serie de bienes que pertenecían al haber heredado, por lo que debía calcular una base imponible y determinar una nueva liquidación del impuesto con la cantidad que la mujer debería abonar.
Al objeto de realizar estos trámites, el acusado contactó en noviembre de 2022 con el hijo de la mujer, que actuaba como representante por su avanzada edad, para mantener ese mismo día una primera entrevista ese mismo día en el despacho del inspector.
Encuentros que se repitieron en varias ocasiones en este mismo despacho, tanto en horario de atención al público como fuera del mismo, y siendo dos de ellas en una plaza de Ávila a propuesta del funcionario.
El hombre que actuaba en representación de la mujer grabó en soporte sonoro y de vídeo las conversaciones que tuvo con el inspector entre el 25 de noviembre de 2022 y 20 de enero de 2023. En las mismas se recoge que, con ocasión de tramitar el expediente, le solicitó 50.000 euros aludiendo a que le hacía la petición por problemas personales y económicos.
Solicitud que también justificaba haciendo referencia a que lo hacía "por su hijo y por desesperación". En las grabaciones también consta que el funcionario trató de asegurarse de que el hombre no le grababa y le propuso como forma de pago del dinero la venta y recompra de su vehículo, entregando cantidades diarias o varios pagos de 10.000 euros.
La sentencia considera probado que la finalidad de las entrevistas era obtener un beneficio económico injusto, mientras que el denunciante no llegó a abonar cantidad alguna. Finalmente, tras el acuerdo de conformidad, se considera al inspector como responsable de un delito de cohecho.