El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Burgos ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por Cruz Roja contra el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, al que la ONG reclama 10.063 euros del Convenio Lucha contra la pobreza correspondiente al ejercicio 2019, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a Europa Press.

El recurso se ha estimado considerando que el convenio firmado tenía como objeto "ejecutar el servicio de distribución coordinada de alimentos para facilitar la cobertura de necesidades básicas de personas y familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica" y reconociendo que el Programa de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019 es "titularidad de Cruz Roja y el Ayuntamiento prestaba colaboración al mismo y la gestión, impulso y control de todas las actividades, procedimiento, metodología precisas para su correcta ejecución, aclarando que podría realizar acciones necesarias para su fin".

Además, el Juzgado estima "que el convenio le otorgaba la facultad necesaria para adoptar cuantas decisiones estime precisas para un adecuada consecución del objetivo perseguido".

Por su parte, Cruz Roja señala que atendió durante 2019 a 172 familias mirandesas receptoras de alimentos y vales de compra en las 456 ocasiones en las que se distribuyó comida y que impartió tres talleres de economía domestica a 39 participantes, se dieron clases de castellano a 26 alumnos, se realizaron talleres de orientación y habilidades sociales para la búsqueda de empleo a 103 familias.

Asimismo, afirma que entregó 26.323 kilos de alimentos --aceite de oliva, legumbres galletas, leche-- valorados en más de 22.000 euros del FEGA, así como alimentos recogidos en las fiestas de San Juan del Monte y colaboraciones de diferentes entidades de la ciudad o la población en generar poniendo a su disposición sus oficinas, aulas, lonjas de reparto, vehículos, personal laboral y 14 voluntarios y voluntarias.

Durante el año 2020, Cruz Roja asevera que siguió repartiendo y colaborando con la población mirandesa según el compromiso que tenía con el Ayuntamiento de Miranda, pero la ONG asegura que "el 29 de diciembre el Ayuntamiento informó de que, tras meses de negociación, de la imposibilidad de firmar el convenio por un error en el presupuesto, teniendo que hacer frente a todos los gastos ocasionados la institución".