Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Burgos, han detenido a una persona, acusada de un delito de Falsedad Documental. El arrestado acudió en lugar de otra persona a realizar el examen de lengua española, requisito previo para la obtención de la nacionalidad.
Estas actuaciones policiales se engloban en el marco de cooperación y colaboración con el Instituto Cervantes. A través de las pruebas programadas por este organismo, se evalúa la idoneidad del candidato para la obtención de la nacionalidad española, es decir, el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).
Mediante la comprobación de identidad de los candidatos inscritos se garantiza, por un lado, que las pruebas se desarrollen con total normalidad, y, por otro, proceder a la detección de las personas que pretendan cometer una falsedad documental o suplantar la identidad de otra en el momento de presentarse al examen.
La última convocatoria se realizó a mediados del mes de febrero y los agentes policiales detectaron que uno de los candidatos presentados al examen de conocimientos, no se correspondía con el aspirante que había iniciado la solicitud del examen. Ante la posibilidad de que se tratase de un presunto suplantador con la documentación de otra persona, se procedió a su identificación y, una vez comprobado dicho extremo, se procedió a detenerle como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Los exámenes constan de pruebas de conocimiento del español y conocimiento de la cultura y organización de España. Sin embargo, muchos aspirantes, que no han adquirido la suficiente comprensión del idioma y del resto de los temas que se abordan, optan por contratar a terceras personas para que les suplanten.
Los agentes tienen que llevar a cabo una minuciosa labor, realizando múltiples comprobaciones documentales y de identificación de los candidatos, dificultando en gran medida la acción de los suplantadores.
Conviene recordar que el delito de falsedad documental está recogido en el Código Penal y castiga la comisión de este delito con penas prisión de 3 meses a 6 años y multas que varían en función de la falsedad documental cometida. Por estas conductas los candidatos pueden perder el derecho a optar a la nacionalidad hasta que se puedan cancelar los antecedentes que se generan por el ilícito cometido.