El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos condena a tres mujeres de una comunidad vecinal por un delito de coacciones con la circunstancia agravante del odio antigitano, según informaron fuentes de la Fundación Secretariado Gitano. Se firma una conformidad en el Juzgado de lo Penal 2 de Burgos en el que las tres vecinas son condenadas por un delito de coacciones con la circunstancia agravante de la motivación antigitana a una familia gitana, según informa Ical.
La Fundación Secretariado Gitano que denunció los hechos y apoyó a las víctimas para personarse como acusación particular en el juicio manifestó su satisfacción por esta condena que manda un mensaje claro a la sociedad que los delitos de odio antigitanos son perseguibles penalmente y no pueden quedar impunes.
Los hechos se produjeron entre marzo y septiembre de 2020, durante la época más dura de la pandemia del COVID-19. La familia sufrió graves insultos y acoso antigitano por parte de las tres vecinas al poco de mudarse al edificio. El acoso denunciado incluía una serie de insultos verbales que proferían a la familia, tales como “gitanos de mierda” o “hijos de puta”. Además, se denunció que las acusadas remitieron una carta a la familia en la que se les llamaba “salvajes”.
Asimismo, se les acusó de generar un clima hostil de todo el vecindario contra la familia gitana: publicaron un cartel en el portal en el que hacían un llamamiento a los vecinos para que fueran a su casa a comprobar los ruidos. Además, una de las acusadas publicó en redes sociales mensajes en los que se quejaba de la llegada de “familias numerosas problemáticas de etnia gitana”, generándose a raíz de esta publicación mensajes de odio antigitano por parte de otros usuarios.
La situación de acoso e insultos que sufrió la familia por parte de las vecinas, desde el mismo momento en el que entraron a vivir en la vivienda, les generaron “una fuerte ansiedad y miedo, afectando a su seguridad, tranquilidad y libertad personal”. “Esta situación insostenible se fue agravando con el tiempo y produciéndose de manera más habitual, lo que llevó a la familia a cambiarse finalmente de domicilio”, agregaron.
La Fundación Secretariado Gitano que denunció estos hechos ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de Burgos y proporcionó representación judicial a las víctimas a través de la abogada especializada en delitos de odio, Violeta Assiego, manifestó su satisfacción ante esta condena que pone el foco en el acoso discriminatorio y de antigitanismo que sufren muchas familias gitanas en las comunidades vecinales y que limita su derecho a la vivienda en condiciones de igualdad.
La abogada de la Fundación Secretariado Gitano, Selene de la Fuente, que denunció los hechos a la fiscalía y que ha acompañado y asesorado a la familia en todo el procedimiento, manifestó que “esta condena reconoce el acoso y el hostigamiento antigitano que ha sufrido la familia y al mismo tiempo manda un mensaje claro a la sociedad de que los delitos de odio no pueden quedar impunes”.
“Esta condena ha supuesto un resarcimiento para la familia”, indicaron, que manifestó que “salimos muy contentos porque se ha reconocido el daño que nos han hecho; nuestros hijos tenían miedo de estar en casa, estaban aterrorizados cuando se les caía un boli al suelo e incluso fuimos nosotros quienes tuvimos que irnos de la vivienda. Ahora esperamos que con esta condena ninguna otra familia gitana vuelva a pasar por estas situaciones”.