El pasado mes de mayo un se ha llevado a cabo operativo policial en varios establecimientos de la ciudad de Burgos con el objetivo de prevenir, detectar y perseguir las situaciones de explotación laboral y otras infracciones administrativas.

El dispositivo policial permitió comprobar que en dos de los establecimientos inspeccionados, trabajaban ciudadanos extranjeros, que, aunque contaban con autorización de residencia en territorio español, carecían de permiso de trabajo.

Por ello, la Inspección Provincial de Trabajo inició el correspondiente procedimiento sancionador a los dos empresarios que contrataban irregularmente a los trabajadores. Este tipo de sanciones en el terreno laboral llevan aparejadas cuantiosas multas por no dar de alta a los trabajadores.

En el transcurso de las inspecciones, la presencia de los agentes policiales agiliza los trámites que los funcionarios de la Inspección de Trabajo necesitan llevar a cabo en relación con la documentación de los empleados.

La visita concluye con una diligencia y requerimiento para que se aporte determinada documentación laboral, como altas en la Seguridad Social, contratos, últimas nóminas, la escritura social de la empresa y autorización administrativa para trabajar en España en el caso de los ciudadanos extranjeros.

Una vez que todos los datos se comprueban en los servicios informáticos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Seguridad Social es cuando la Inspección podrá determinar si se está cometiendo algún tipo de infracción administrativa.

Cabe destacar que existe un vínculo claro entre el trabajo forzoso, la trata de seres humanos y la migración.

La falsa promesa de un contrato de trabajo, la ausencia de conocimiento de sus derechos en el país de explotación por parte de las víctimas sin capacidad de negociación son algubos de los elementos que facilitan la vulneración de derechos laborales y humanos de aquellos ciudadanos extranjeros en situación irregular.