El vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad y Emergencias del Consistorio burgalés, Ignacio Peña, ambos de Vox, han anunciado este miércoles la puesta en marcha de ocho medidas para combatir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en viviendas de la capital burgalesa.

Martínez-Acitores ha asegurado que la iniciativa cuenta con el visto bueno de la parte del PP del Gobierno municipal, dirigida por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y ha señalado que el problema de los empadronamientos ilegales de inmigrantes es un problema que se está produciendo "en toda España" y que les han llegado "quejas" en la ciudad.

Según ha señalado, el objetivo es ordenar a la Policía Local que persiga el empadronamiento ilegal a través de inspecciones periódicas por parte de los agentes, en colaboración con las autoridades municipales, para verificar la veracidad de la información que se haya proporcionado en los registros de empadronamiento y que la persona realmente reside en ese domicilio.

Además, ha anunciado que los agentes de la Policía Local de Burgos colaborarán con los Servicios Sociales, además de con otros organismos competentes en materia de inmigración, para "compartir información relevante" y "coordinar los esfuerzos en la detección y prevención" de estas situaciones.

También se impulsarán canales de "denuncia anónima" en los que los ciudadanos podrán informar sobre casos de empadronamiento ilegal que conozcan.