Las monjas clarisas de Belorado avisaron a la Guardia Civil ante la presencia del Comisario Pontificio nombrado por la Santa Sede. Los sucesos ocurrieron sobre las 14 horas en el Monasterio de Santa Clara.
Según un comunicado del arzobispado de Burgos, hasta allí se trasladaron los enviados por el Vaticano: Sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu; Don Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio; y don Carlos Azcona, el notario del Tribunal Eclesiástico. La intención de estos era establecer "unas líneas de diálogo con las monjas" así como, comunicar las facultades jurídicas, y transmitir las notificaciones del tribunal respecto a la apertura del proceso canónico en relación con la declaración de abandono de la Iglesia católica.
Para llevar a cabo estar tareas fue necesaria la presencia de la Notaria doña María Rosario Garrido, que realizaría los requerimientos oportunos.
Tras su llegada, fueron atendidos en el torno por sor Belén, y seguidamente por sor Sión en el locutorio. Los enviados por el Comisario Pontificio solicitaron un encuentro con la exabadesa sor Isabel, quién a través de otra hermana transmitió que, a excepción del notario, "no eran bien recibidos" en el monasterio, y que, por lo tanto, debían abandonarlo, advirtiendo a la Guardia Civil en caso de negarse.
Con ello, la Notario entró en el monasterio, donde se le hizo entrega de los requerimientos correspondientes, tanto civiles como canónicos. Mientras tanto, sor Carmen Ruiz y don Carlos Azcona esperaron fuera del monasterio. Don Rodrigo Sáiz, sin embargo, decidió "hacer valer el derecho que le asiste como apoderado del Comisario Pontificio" y aguardar a la patrulla de la Guardia Civil en el interior del monasterio.
Cuando llego la patrulla, don Rodrigo se identificó y mostró la documentación que asegura su posición como apoderado del Comisario. Con ello, los agentes avisaron de que ejecutarán "diligencias a prevención", y que, se entrevistarán con las monjas. Finalmente, don Rodrigo abandona el monasterio tras comunicarse con la Guardia Civil.
La denuncia realizada contra el Comisario Pontificio ante la Policía Nacional de Logroño, y posteriormente ratificada en los juzgados de Burgos, así como la solicitud de una patrulla de la Guardia Civil en el Monasterio de Santa Clara de Belorado "puede interpretarse como gestos de hostilidad" que expresan la "nula intención de establecer cualquier dialogo" según el arzobispado de Burgos. Por ello, El Comisario Pontificio "mantiene su voluntad de tender puentes y encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución".