La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha liberado a 21 mujeres que eran explotadas sexualmente en pisos prostíbulos por un grupo criminal establecido en varias provincias españolas, entre ellas Burgos.
Las mujeres, de origen latinoamericano, eran captadas en sus países y, una vez en España, eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída que ascendía a 7.000 euros.
La organización criminal desarticulada llegó, presuntamente, a vender a algunas de sus víctimas a otros tratantes por cantidades cercanas a los 1.000 euros. Una operación que se ha saldado con nueve personas detenidas en Ourense.
Cinco personas han sido detenidas en Ourense, una en A Coruña, otra en Burgos, una en Cuenca y otra en Madrid.
La investigación policial comenzó a raíz de una información recibida que alertaba de la llegada a España de una víctima de trata de seres humanos. Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron localizar a la mujer y confirmar la existencia de una organización criminal.
Las víctimas eran mujeres en situación de vulnerabilidad que viajaban a España con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Los explotadores les proporcionaban reservas de hotel, seguro médico de viaje y vuelo de vuelta a su ciudad con el fin de simular su condición de turista.
Los investigadores encontraron varios pisos prostíbulos gestionados y controlados por la organización criminal que estaban repartidos por diversas localidades. Ejercían la prostitución durante todo el día y el beneficio obtenido se repartía al 50% con el entramado.
La organización criminal vendía a las mujeres que trabajaban para el entramado por 1.000 euros a otros tratantes antes de ser explotadas o una vez que ya habían sido explotadas por la misma organización.
La operación policial ha finalizado con nueve detenidos a los que se les imputa como presuntos responsables de los delitos de trata seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento a la inmigración ilegal.
Se han realizado siete registros domiciliarios en las provincias de Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla, donde se han intervenido ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y diversa documentación relevante para la investigación.