La Asociación de Vecinos ProPública de Padrones de Bureba ha exigido públicamente al Ayuntamiento de la localidad y a la Diputación de Burgos la retirada de un depósito de aceites tóxicos, ubicado en la entrada del pueblo, que, al parecer, lleva "más de un año lleno de sustancias peligrosas". 

Lo hacen, según la Asociación, tras comprobar que, por segundo año consecutivo, el Consistorio y la institución provincial "han incumplido su obligación de preservar la salud de los vecinos, al desentenderse de la retirada reglamentada de los aceites tóxicos" y pese a los requerimientos que, según los vecinos, se les ha hecho en este sentido. 

Añaden, además, que este presenta "un lamentable estado de abandono" y acusan a ambas instituciones de "negligente inacción" y de "dejación medioambiental y sanitaria". 

Del mismo modo, recuerdan que en octubre del año pasado fue el Consorcio de Tratamiento de Residuos, dependiente de la Diputación, el que se encargó de retirar los aceites tóxicos, aunque lo hizo después de "un año y medio en el que los depósitos rebosaban de sustancias peligrosas al alcance de cualquier persona". 

"Lo hizo con su habitual pasividad, ni se tomó la molestia de llamar por teléfono al organismo para efectuar la retirada, como es su obligación", critican desde la Asociación. 

En este sentido, explican que los protocolos medioambientales y de seguridad del propio consorcio provincial establecen que este tipo de depósitos de residuos para reciclar, deben ser retirados, por su peligrosidad, como mínimo dos veces al año. 

Sin embargo, según denuncian, pese a estar repleto "desde hace más de un año, el depósito ha permanecido abandonado y en un estado lamentable", sin que la empresa en la que delega el servicio de retirada de la Diputación de Burgos ni el Ayuntamiento hayan llamado "para que se lo llevaran, ni se hayan preocupado por la gravedad del asunto". 

Concluyen que a la "gravedad en la inacción" de ambas administraciones se suma también el hecho de que los contribuyentes padronenses y burgaleses "están pagando por un servicio que no se realiza y que es muy posible que tampoco se esté llevando a cabo en otras poblaciones de la provincia", han denunciado.