El PSOE arremete contra Silván por los contratos municipales caducados

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de León denuncia que algunos de los contratos de  suministros básicos del Ayuntamiento de León, que preside el alcalde Silván, llevan más de seis meses caducados, lo que genera una total ilegalidad en el pago de las cuantías que se está llevando a cabo, según señalan en una nota de prensa hecha pública esta mañana.

Los ediles destacan que esta situación no es nueva ni afecta sólo a los suministros básicos de luz, calefacción o combustible sino que se repite en la gestión de los alimentos para las guarderías o la residencia de ancianos.

Este es un asunto que se debatió en el pasado pleno municipal y en el que ya se incluía un informe del interventor, que calificaba de “ilegalidad” esta práctica. A pesar de ello, los concejales de PP y Ciudadanos votaron a favor del pago de todas las deudas contraídas por este método. Votaron en contra el resto de los grupos políticos. El pago de las facturas aprobadas superaba el millón de euros.

“El servicio de Intervención Municipal lleva meses alertando de la situación irregular de decenas de pagos de facturas que no corresponden a ningún contrato, -se asegura en la nota- un  hecho que, desde el PSOE, ya denunciamos al poco tiempo de tomar posesión el alcalde, que repetía los cuatro años de gestión anterior de sus compañeros. Los contratos van finalizando y por falta de capacidad de gestión o de voluntad para regularizar las cosas se siguen pagando las facturas sin un soporte legal”, explica el portavoz José Antonio Diez.

Ilegalidad

Los informes de Intervención Municipal han pasado de la mera advertencia de irregularidad a la constatación de la ilegalidad patente, pero no repara la factura ya que, según explica el técnico, debe abonarse porque en caso contrario el Ayuntamiento incurriría en un enriquecimiento ilícito por el impago de un suministro recibido.

El grupo socialista añade que la demora en la gestión de nuevos contratos y la prórroga tácita de los antiguos, a beneficio de las empresas adjudicatarias, es una norma habitual en la gestión del PP. “Por ejemplo –se añade en la nota-, el contrato del suministro eléctrico para los edificios municipales se cerró el pasado mes de agosto de 2016, tras el año de prórroga contemplado. No fue hasta semanas después que se comenzó su tramitación y, según los plazos legales no se prevé que se produzca una nueva adjudicación hasta el mes de mayo, casi 10 meses después del plazo legal establecido. La cuantía anual supera los 3 millones de euros”.

“Es imposible con la información que nosotros tenemos saber –concluye la nota- si se trata de dejadez, de impericia o de voluntad clara de retrasar las adjudicaciones, lo que está claro es que nos encontramos ante una nefasta forma de proceder que perjudica a los leoneses y a las arcas municipales”, precisa Diez.