El grupo IU-Coalición en Común de la Diputación de León ha solicitado la creación de un servicio jurídico propio en la institución provincial por los siguientes motivos, según explican en una nota de prensa: “En primer lugar el ahorro, ya que llevar a cabo el servicio con medios propios, tendría un coste fijo además de evitar el pago del IVA y del beneficio empresarial, propios de los servicios privados y además  se facilitaría la transparencia de esta institución, y su control, que en la actualidad se pueden calificar de “dudosos”.

Apoya esta petición con una serie de preguntas dirigidas al presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, con el fin de esclarecer esta situación por parte de la institución provincial: “¿Cuál es el número de actuaciones jurídicas incluidos procesos judiciales de toda índole llevados a cabo por la Diputación de León mediante la contratación de empresas externas?; ¿existe una relación de empresas de prestación de servicios jurídicos con las que trabaje la Diputación de León?; ¿con qué criterios se seleccionan dichas empresas?; ¿en qué consiste el proceso de contratación? y ¿cuál ha sido el coste anual total de la contratación de estos servicios en los años 2015 y 2016 y cómo se ha justificado el gasto?”

IU-Coalición en Común considera curioso “el hecho de que esta Diputación, a diferencia de diputaciones vecinas como la de Zamora, por ejemplo, no posea un  servicio jurídico propio, aún viéndose implicada en multitud de procesos judiciales, de diversa índole e importancia. Al no existir dicha área, no cuenta con una dotación presupuestaria específica y la Diputación recurre a la contratación privada de diferentes bufetes para sus litigios”