Los sindicatos rechazan la gestión privada de los bomberos comarcales

Mientras los políticos se dividían esta mañana en el Pleno de la Diputación a la hora de votar el Plan de Parques Comarcales de Bomberos, que contó con el voto favorable de PP, Ciudadanos, Bierzo y UPL; la abstención del PSOE y el único voto en contra d IU; los sindicatos mostraron una férrea unanimidad al rechazar el plan, sobre todo, por que contempla una gestión privada.

Csif, CCOO, UGT, USO, Sindicatos de Bomberos de Palencia, Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León y la Coordinadora Nacional Única de Bomberos Profesionales mostraron a mediodía de hoy su absoluto rechazo a que una empresa privada gestione los parques provinciales de bomberos de la provincia leonesa y optaron por que sea la propia Diputación la que gestione, con bomberos funcionarios, el futuro proyecto.

Los sindicatos se mostraron a favor de los parques comarcales de bomberos, pero que “los bomberos lo sean de verdad y no meros auxiliares contratados”. Por ello demandan “una gestión directa de los parques provinciales por parte de la Diputación” en base a que la Ley afirma que este tipo de servicios son  esenciales y que la experiencia demuestra que “la gestión directa es más económica que una subcontrata privada”. Pero hacen hincapié en que en un momento de emergencia, el bombero es el que tiene que tomar decisiones y siempre será “mejor que lo haga un bombero profesional y funcionario, que uno privado”.

Los sindicalistas pusieron como modelo de gestión negativa el de Galicia, asumido por empresas privadas y, sin embargo, explicaron el  modelo público de la Diputación de Valladolid, donde con menos dinero que el previsto por León y con más bomberos profesionales, se ofrece un servicio más barato, eficaz y de garantía.

Asimismo,  los representantes de los sindicatos no creen que este Plan aprobado hoy por la Diputación esté en funcionamiento antes del año 2020 y que todo se trata de “un mero anuncio electoral. En 2019 hay elecciones y Diputación necesita presentar un proyecto”.

Se quejaron los sindicalistas de que Majo no les ha recibido para exponer sus dudas, a pesar de las insistentes peticiones de reuniones. Por último, dejaron claro que sólo una gestión pública garantiza “el acceso a las plazas por medio de una oposición libre, de manera que sean ocupadas de una manera justa y no por intereses políticos o como medio de pago de favores con intenciones partidistas”.