Ángel Calvo, el presidente de Gersul, el consorcio público que gestiona la recogida de basuras de toda la provincia, ha convocado a los portavoces de los grupos políticos de la Diputación para el próximo lunes, 6 de noviembre, a las 11:00h, a una reunión informal en su despacho de la Diputación para hacer un primer análisis de la reforma del borrador de los estatutos el consorcio. No han sido convocados técnicos ni la secretaria de la Diputación, por lo que la reunión no tendrá carácter oficial.

La reforma de estatutos del consorcio es una obligación que se viene demorando desde hace años y es absolutamente necesaria para cumplir con su adecuación a la nueva normativa legal. La propuesta de los nuevos estatutos ha sido redactada por una empresa,  cuyo contrato de adjudicación es puesto en duda por la oposición política en Diputación al haberse efectuado con absoluta opacidad.

El consorcio gestiona directamente desde hace más de un año el cobro de los 280.000 recibos, por un importe de 16 millones de euros. La rescisión del contrato con la anterior empresa que gestionaba estos recibos hace imposible en estos momentos conocer exactamente cuántos recibos se han dejado de pasar al cobro en los últimos años y cuál es la deuda acumulada, que, según algunas fuentes, puede ascender a más de cuatro millones de euros, a lo que habría que sumar los intereses derivados de los impagos.

Desde la oposición, asimismo, se reclama una información contable al día para conocer la cantidad impagada del canon desde el año 2009. La gestión del consorcio está adjudicada a una UTE de dos grandes empresas multinacionales, una de ellas actualmente en manos chinas. La adjudicación es por  un periodo de 20 años.

El acuerdo de construir un nuevo vaso para recoger los vertidos orgánicos en el vertedero del consorcio, obras que fueron adjudicadas a una tercera empresa, no deja de generar conflictos a nivel interno, a la vez que ya se ha denunciado desde la oposición falta de previsión y de rigor técnico en esa nueva obra.

En uno de los últimos plenos de la Diputación, el propio presidente de la institución, Martínez Majo, llegó a ofrecer la presidencia de Gersul a quien quisiera hacerse cargo de ella y en concreto al diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, quien en los dos últimos años no ha cesado de denunciar el  caos y la falta de transparencia en la gestión del consorcio. El propio Fernández llegó a dimitir como vicepresidente del consorcio en señal de protesta por el bloqueo que sufrían las acciones de Ciudadanos encaminadas a poner orden y, sobre todo, dotar de transparencia a una entidad pública, que gestiona más de 20 millones de euros al año.