La Junta defiende que los alquileres sociales "fijan población"

La vivienda que hoy ha visitado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en la localidad de Chozas de Arriba, es la segunda planta de la Casa Rectoral, cuya planta baja había sido rehabilitada el año pasado y ya se encuentra ocupada en la actualidad. El coste de estas obras ha ascendido a 51.966 euros que, sumados a los 58.674 euros del coste de la rehabilitación de la planta baja, hace que la rehabilitación de este edificio haya superado los 110.000 euros.

Esta segunda planta dispone también de una superficie de 80 metros cuadrados, y cuenta con salón, comedor-cocina, dos dormitorios y cuarto de baño. También se ha intervenido en la zona el almacén anexo al edificio de unos 43 m2, al que se accede desde el patio. Para ejecutar la obra se ha modificado la tabiquería, sustituido la carpintería interior, colocación de nuevo alicatado en cocina y baño, pintura, nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, nueva instalación de calefacción con caldera de biomasa y amueblado de cocina.

El convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Obispado de León, firmado en abril de 2017, fue el primero que acordó la cesión de inmuebles propiedad de la Iglesia para su rehabilitación y posterior incorporación al programa de alquiler social de la Junta y desde entonces se han rehabilitado 16 casas rectorales, ocho de ellas en la provincia de León, incluyendo una vivienda cedida por el Obispado de Astorga.

Estas se suman al programa Rehabitare que viene desarrollando la Junta de Castilla y León con el objetivo de recuperar aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y cuya rehabilitación y recuperación es interesante para el medio rural. Las viviendas se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes y evitando el deterioro de un patrimonio municipal.

En la provincia de León son 34 las viviendas recuperadas por la Junta procedentes de la firma de estos convenios, 26 con ayuntamientos, siete con el obispado de León y una con el de Astorga.

Ambos programas forman parte del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social para facilitar el acceso a una vivienda a aquellas familias y personas más necesitadas, a través de ayudas y de la creación de un parque público de vivienda en alquiler.

Desde 2016 se han incorporado a estos programas 194 viviendas, 178 propiedad de ayuntamientos y 16 propiedad de la Iglesia. La inversión global en Castilla y León en estas rehabilitaciones ha ascendido a 8,4 millones de euros, 1,4 millones en la provincia de León.

En el transcurso de la visita, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado que estos programas no solo facilitan vivienda a quien la necesita a precios razonables, sino que también fomenta la fijación de población en el medio rural y el asentamiento de población que viene de fuera, además de promover actividad económica en estos pueblos en el proceso de rehabilitación de viviendas a través de empresas locales y la consiguiente creación de empleo.

Parque público de alquiler social

El parque público de alquiler social dispone actualmente de 2.077 viviendas repartidas por toda la Comunidad, a disposición de las personas y familias en situaciones económicas y sociales difíciles. Esta cifra, que ha aumentado casi un 80 % durante la legislatura anterior, se ha alcanzado gracias a incorporaciones de diferentes procedencias: a las propias de la Junta de Castilla y León se han unido las cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), además de las procedentes de convenios con ayuntamientos y obispados y las construidas por Somacyl en régimen de alquiler con opción a compra.

La provincia de León cuenta actualmente con un total de 148 viviendas incorporadas al parque público de alquiler social.