Denuncian ante la Fiscalía al exalcalde del PP y al secretario-interventor de Priaranza del Bierzo por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental

El PSOE de Priaranza del Bierzo ha cursado este jueves ante la Fiscalía de Ponferrada una denuncia por varios delitos de prevaricación y falsedad documental contra el secretario municipal Javier Fernández Melcón, que ocupa su cargo desde el año 1991, y el exalcalde del Partido Popular José Manuel Blanco Gómez, regidor del municipio entre los años 2003 y 2019, y actual concejal en la oposición en el citado Ayuntamiento.

Entre las infracciones cometidas destacan graves negligencias en la tramitación de subvenciones con fuerte menoscabo a los fondos públicos, que se han mantenido ocultas hasta que la entrada del actual alcalde, José Reguera, ha facilitado que se conozcan.

“Entre los años 2015 y 2019 han ‘sancionado’ a este Ayuntamiento con el reintegro de determinadas subvenciones procedentes de la Diputación de León y de la Junta de Castilla y León por un importe estimado superior a los 92.000 €, más intereses de demora. Estas infracciones las llevan cometiendo desde hace al menos 12 años, puesto que hemos encontrado en el archivo municipal reintegros de subvenciones desde el año 2008, por lo que el daño a las Arcas Municipales aún puede ser mucho mayor” ha explicado Reguera. 

Además, el PSOE de Priaranza acusa a los investigados de cometer supuestas falsedades documentales para obtener fraudulentamente subvenciones. Para ello se han servido de nóminas falsificadas de trabajadores y de facturas simuladas. Incluso han intentado engañar a la administración haciéndoles creer que una obra estaba completamente acabada y pagada cuando ni siquiera se había empezado.

En palabras del actual alcalde, “la prioridad es restablecer el orden y la legalidad en este Ayuntamiento. Los ciudadanos de Priaranza no se merecen todo el daño que les han hecho estas personas”.

Por todo lo expuesto, el equipo socialista insiste en que es necesario una investigación para que, una vez esclarecidos los hechos, se tomen las medidas legales oportunas y los culpables asuman las posibles responsabilidades penales y civiles derivadas de sus actos.