El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y el máximo responsable de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han firmado este vienes un protocolo general de actuación para promover el establecimiento de sistemas de depuración de aguas residuales urbanas en los municipios con entre 500 y 2.000 habitantes, marco en el que se encuentran un total de 80 de los 211 ayuntamientosde la provincia. La firma ha tenido lugar en la localidad palentina de Becerril de Campos, en un acto al que han sido convocadas todas las diputaciones de la comunidad.
Eduardo Morán ha valorado la importancia de la firma de este protocolo para la mejora de la calidad de vida y de la sostenibilidad del medio rural leonés y ha destacado la fórmula de la colaboración entre las administraciones como “el mejor camino para lograr el objetivo común de que las gentes de nuestros pueblos completen todos los servicios de calidad a los que tienen derecho”.
Según el citado acuerdo, la Junta se compromete a “elaborar un documento que analice la situación de la depuración en los municipios de la provincia de León, cuya población se sitúe entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes”, donde ‘equivalentes’ hace referencia a una valoración de la población que tiene en cuenta el censo ganadero y las actividades industriales. El protocolo también detalla que, “a la vista del citado documento, se confeccionará un programa de inversiones para la provincia de León, identificando aquellas aglomeracionesquecontando con una población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, precisen la ejecución de una instalación de depuración de aguas residuales urbanas, o su ampliación o adecuación, priorizando su ejecución en el tiempo”. También se realizará un análisis de las necesidades de depuración de los ayuntamientos con población inferior a 500 habitantes (82 en la provincia de León) y un estudio conjunto de “la fórmula más adecuada para acometer su ejecución y explotación”. Con ello, el acuerdo se hace extensivo a un total de 162 municipios.
Una vez determinadas las actuaciones a ejecutar en la provincia, debe instarse la participación de los distintos municipios en la ejecución de las infraestructuras, mediante la suscripción de los oportunos acuerdos de colaboración. “Teniendo en cuenta la ausencia de fondos europeos que puedan aplicarse a la financiación de estas instalaciones, procede articular su ejecución, aunando los esfuerzos de las tres administraciones implicadas: Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Diputación Provincial que podrían aportar cada una el 40% del importe de la infraestructura, y los ayuntamientos beneficiarios, mediante la aportación del 20% restante”, indica el texto rubricado.
También se da un plazo de dos meses para la creación de un grupo de trabajo en el que participarán técnicos de la Administración de Castilla y León y de la Diputación, que analizará las necesidades de depuración de los municipios, así como de todas las cuestiones relacionadas con la interpretación del protocolo, actuando como medio de intercambio de información y coordinación.
Los asistentes a la firma del convenio, con Fernández Mañueco, a la cabeza