D. Álvarez / ICAL

En este mes de marzo, se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley 1/1991, la norma que reguló la creación de la comarca del Bierzo, la única reconocida como tal en la comunidad autónoma. “El Gobierno regional, en suma, se halla habilitado formal y materialmente en su pretensión de dar una investidura político-administrativa al Bierzo, reconociendo su carácter de entidad local con personalidad jurídica propia, lo que se lleva a cabo con el presente texto articulado”, reza un texto que pocos meses después permitió la puesta en marcha del Consejo Comarcal, el organismo que representa a todos los bercianos. Tres décadas después, Rita Prada, una de las protagonistas de aquellos primeros pasos de la institución que poco después pasaría a presidir, y Gerardo Álvarez Courel, actual presidente del Consejo, repasan las luces y sombras del camino de la comarcalización, desde el “exceso verbal aznariano” que le sirvió de lanzamiento hasta el momento presente, con “peticiones que todavía siguen en pie” 30 años después.

El nacimiento de la Ley de la Comarca estuvo marcado, recuerda Prada, por la “falta de consenso y diálogo”, tanto con los grupos políticos en las Cortes como con los ayuntamientos bercianos. La creación de la comarca había sido una promesa electoral del entonces candidato de Alianza Popular (AP) a la presidencia de la Junta, José María Aznar, durante la campaña electoral de 1987. Durante su etapa al frente del Gobierno autonómico se presentó el primer anteproyecto de texto, que acabó retirándose ante la previsible falta de apoyo parlamentario. “Fue un exceso verbal en campaña, que le rebotó como un bumerán y del que luego no quisieron saber nada”, señala Prada. Tras el salto de Aznar a la política nacional, en septiembre de 1989, fue el Ejecutivo presidido por Jesús Posada el encargado de sacar adelante el reconocimiento legal de la singularidad berciana.

El texto sumó el 8 de marzo de 1991 el respaldo del PP y del Centro Democrático y Social (CDS) y seis días después el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba la norma en sus páginas. La abstención del PSOE, recuerda Prada, se debió principalmente a que “no se fijó el marco en el que había que encajar la comarca”, ya que los socialistas pretendían que el texto sirviera de base a una comarcalización general de la comunidad autónoma, al estilo de las de Aragón, Galicia o Cataluña. “Pero la ley obligaba a constituir la comarca y empezamos a tomar consciencia de lo que podía ser”, recuerda Prada

Dos meses después, el 22 de mayo de ese año, se celebraron las elecciones municipales que sirvieron para configurar la primera corporación comarcal, integrada entonces por un total de 51 consejeros, con sólo tres mujeres, siendo Prada una de ellas. El 11 de julio el Ayuntamiento de Ponferrada acogió la sesión constitutiva del Consejo Comarcal del Bierzo, bajo la primera presidencia del socialista Francisco Alfonso. Nueve meses más tarde, en el mes de abril, Alfonso dimitió de su cargo, que quedó en manos de Prada. “La verdad es que en aquel momento lo consideré una responsabilidad grande”, recuerda la única mujer que ha presidido la institución en estos 30 años.

Aquella “mastodóntica” corporación que pasó a celebrar sus plenos en el salón de actos del edificio de Caja España se tornaba en ocasiones “inviable” debido a su tamaño, reconoce Prada, que valora no obstante la “buena relación” existente entre los portavoces de todos los grupos. “Fue lo que nos salvó y lo que nos permitió echar a andar de la forma que se pudo, tenía conciencia de que o íbamos todos juntos o aquello se convertiría en un monstruo administrativo”, señala. En aquella etapa inicial llegaron los “primeros éxitos”, entre los que Prada valora especialmente el papel que jugó el entonces presidente de la Diputación de León, Agustín Turiel, para llevar a cabo la cesión de la competencia que permitió crear el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

Sin embargo, la expresidenta lamenta que muchas de las reivindicaciones surgidas durante su etapa al frente del Consejo se mantengan vigentes, como la necesidad de mejorar la financiación del ente comarcal y de aumentar sus competencias para convertirlo en “la verdadera institución administrativa de la comarca”. En ese sentido, Prada mantiene que dotar al Consejo de capacidad para recaudar impuestos y delegar en la institución los servicios que a día de hoy prestan otras administraciones permitiría a los bercianos tener como referencia a “una sola institución, más viable económicamente y con una financiación decente”.

“Aquello que yo reclamaba en mí época aún no se ha logrado 30 años después, no tenemos absolutamente nada de lo que se había prometido”, subraya Prada, que recalca que “hay herramientas, pero no la voluntad política de cederlas”. Al respecto, también reprocha a los ayuntamientos de la comarca que tampoco quieran ceder sus competencias cuando muchos de ellos serían “inviables económicamente” sin la ayuda que les presta el SAM. “Renunciar al poder es difícil, pero a veces es necesario por el bien del ciudadano”, concluye la expresidenta, que añora el “sentido de la política diferente” que tenían los representantes de aquellos primeros tiempos.

Objetivo: autofinanciación

Tras la presidencia de Prada, los siguientes mandatarios en el Consejo Comarcal fueron los también socialistas Jesús Esteban, Ricardo González Saavedra y José Luis Ramón, al que sucedió Alfonso Arias, el único presidente del PP a lo largo de 30 años. Por el camino, el ente comarcal incorporó al municipio de Palacios del Sil y consiguió que las Cortes aprobaran, en 2010, una modificación de la Ley de la Comarca con un nuevo sistema electoral que limitaba el número de representantes a 27 miembros. En 2015, la institución volvió a manos del PSOE, con Gerardo Álvarez Courel al frente. Cuatro años más tarde, el actual presidente se convirtió en el primero en repetir mandato.

Recogiendo el guante lanzado por Prada, Álvarez Courel reconoce que la autofinanciación de la institución a través de la recaudación de tasas e impuestos sigue siendo uno de los principales objetivos, ya que “si gestionas tus propios ingresos gozas de mayor autonomía”, recalca. “¿Por qué el Consejo no puede gestionar en la comarca el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o de los vehículos de tracción mecánica?”, se pregunta el presidente, que subraya que el ente debe ser “una administración cercana a la ciudadanía y a los ayuntamientos, pero también potente”. En ese sentido, señala que la gestión comarcal de la recogida de basuras podría ser otra vía para disponer de ingresos, después de que la Junta accediera a considerar a la comarca como una unidad a la hora de crear servicios mancomunados.

Estas medidas, señala Álvarez Courel, permitirían solventar un “déficit histórico” del Consejo, como es la visibilidad de su labor entre la ciudadanía. “Aún hay gente que no sabe para qué sirve la institución, con un escudo en el camión de la basura o en los recibos del IBI o del impuesto de vehículos, la gente sabría qué hace el Consejo y sería más fácil justificar la necesidad de que esté ahí”, explica el presidente, que destaca también la labor que se presta en ámbitos como la atención a menores y a drogodependientes o los servicios de empleo que dependen del Consejo. “Son competencias que han ido pasando siempre con una cierta tutela por parte de la administración que las delegaba”, señala.

Al respecto, el presidente recuerda que “el Consejo Comarcal nace como una agrupación de municipios para gestionar competencias desde las administraciones superiores pero también desde los ayuntamientos”, a los que anota en su casilla del debe el hecho de no haber tenido “más implicación” con la comarca. Según Álvarez Courel, los motivos de esa inhibición tendrían que ver con que los municipios “tienen miedo de que los servicios que ellos prestan no mantengan la calidad si los presta otra administración” y con un hipotético aumento en el gasto destinado a ese servicio concreto. “Si los ayuntamientos nos ceden competencias, no debe implicarles incremento de coste”, subraya el presidente comarcal, que lamenta que en estas tres décadas los municipios sólo hayan delegado al ente las competencias necesarias para la puesta en marcha del Parque Micológico del Bierzo.

Respecto a la sede, otro de los problemas que el Consejo arrastra 30 años después, Álvarez Courel valora la “disposición” de la Junta a habilitar financiación para los estudios y proyectos una vez el ente comarcal disponga de los terrenos adecuados. “No los veo cerrados en banda como en el mandato anterior”, valora el presidente comarcal, que señala que la institución berciana se mantiene a la espera del acuerdo que alcancen el Ayuntamiento de Ponferrada y el Ejecutivo autonómico respecto al solar entre las avenidas de la Libertad y de la Lealtad, uno de los espacios que se baraja como emplazamiento para la sede y para un centro de especialidades médicas. “Necesitamos un edificio que nos permita dar una atención y unos servicios de calidad”, remarca Álvarez Courel, que recuerda que el actual edificio en el que se ubican las oficinas del Consejo carece de un salón de plenos y adolece de problemas de accesibilidad en algunas de sus dependencias.