D. Álvarez / ICAL
Las fuerzas del orden procedieron hoy al desahucio de un matrimonio ponferradino, residente en el barrio de Compostilla, pese a las peticiones de paralizar el lanzamiento efectuadas desde la asociación PAH Bierzo CyL. Poco después de las 10 horas de la mañana, Antonia y José tuvieron que abandonar su casa, entre los gritos de apoyo de las personas concentradas en el lugar, que criticaron la “poca humanidad” de una ejecución que se produce “en plena pandemia”.
Al respecto, la abogada de la familia, Elena Prado, anunció su intención de llevar el caso al Tribunal Constitucional, al de Justicia de la Unión Europea o al Europeo de Derechos Humanos. “Iremos hasta donde haga falta, no nos queda otra”, apuntó Prado, que lamentó que “lo que están haciendo hoy no se compensa ni se indemniza”. Según la letrada, el juzgado número 5 de Ponferrada, que dictó la ejecución, “persiste en decir que la cláusula de vencimiento anticipado es válida e intrascendente”, cuando debería considerarse nula de pleno derecho.
El desahucio coincide además con el anuncio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo hoy durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, según el cual el Ejecutivo ampliará por tres meses más el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional. “No han querido saber nada”, señaló Prado, que lamentó la “falta de voluntad” de la entidad bancaria para paralizar la ejecución. “Estaba en sus manos”, recalcó.
Tras la denegación del recurso de amparo, el próximo paso de la defensa será formular un recurso de reposición. Mientras tanto, Antonia y José residirán temporalmente en casa de los padres de ella, explicó la abogada, que recordó que Antonia es una paciente oncológica con varias operaciones a sus espaldas. “Es una puñetera vergüenza y un despropósito”, reprochó la afectada, que lamentó que en los últimos 11 años no se le haya dado la oportunidad de intentar volver a pagar la hipoteca.
Desde el ámbito institucional, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, subrayó que “es voluntad del Ayuntamiento ayudar a quien lo necesite” y avanzó que “si la situación lo exige habrá una ayuda temporal para hacer frente a un alquiler social”. El regidor señaló que, en este caso, el protocolo de intermediación hipotecaria no pudo aplicarse porque en el momento en que la familia contactó con las administraciones la vivienda ya estaba ejecutada y era propiedad del banco.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Lorena González, que estuvo presente en el lugar de los hechos, lamentó el “atropello” cometido hoy y la “injusticia” que supone que “los intereses de la entidad bancaria se estén poniendo por delante de los derechos de una familia”.