Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en las nueve capitales de Castilla y León advierte de significativas diferencias en los tipos impositivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Así, para una vivienda urbana con una base liquidable de 80.000 euros, sin bonificaciones, el importe del recibo del IBI va de los casi 613 euros en León (con un tipo del 0,76%), a los 570 euros en Salamanca (0,71%), 492 euros de Valladolid (0,61%), 468 euros en Palencia (0,58%), 448 euros en Soria (0,56%), 434 en Ávila (0,543%), 385 euros en Segovia (0,48%), 382 euros en Zamora (0,47) y 365 euros en Burgos (0,45%). Mientras que en el resto de España el recibo para este mismo caso oscila entre los 147 euros de San Sebastián y los 774 de Lérida.

No es la única diferencia. Según el estudio, las bonificaciones sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles también pueden ser muy distintas según el municipio.

Diferencias en bonificaciones

Bonificación por vivienda de protección oficial. La ley contempla tres años de reducción del 50% del IBI. Pero además Salamanca, Valladolid y Segovia admiten entre cinco y tres años más de bonificación respectivamente. El resto no contemplan ninguna ampliación de este beneficio.

Bonificación por familia numerosa. Puede traducirse en una reducción de hasta el 90% del recibo, tal y como sucede en la mayoría de las ciudades, salvo en Ávila, León y Burgos, donde la máxima es del 60%, 70% y 80% para cada una estas tres ciudades.

Bonificación por instalación de energía solar. Suele implicar una reducción del 50% del IBI en la vivienda habitual durante varios años (a veces también en segundas residencias). Sin embargo, en Segovia solo es del 25%, mientras que en Valladolid, Burgos, León y Zamora no se contempla.

Bonificación por domiciliación bancaria. En Segovia, León y Palencia se traduce en un descuento del 3,5%, el 2% y el 1% respectivamente. No existe en el resto de las capitales.

A juicio de OCU, las diferencias en los tipos impositivos y las bonificaciones son excesivas y acrecientan las desigualdades fiscales entre municipios. En cualquier caso, la organización solicita a los Ayuntamientos la exención del pago del IBI para colectivos vulnerables con bajos ingresos o en situación de desempleo.