La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León (PTTPCyL) ha entregado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reivindican el fin del "abuso de la temporalidad" que afecta a 35.000 empleados en la Comunidad
La plataforma, integrada por las asociaciones de interinos de Castilla y León, en representación de los más de 35.000 empleados públicos temporales de larga duración de esta Comunidad Autónoma, han recordado al jefe del Ejecutivo autonómico en la misiva que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que en España se debe poner fin al abuso de temporalidad en el Sector Público, y que todos los estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que den cumplimiento a lo establecido en la directiva de duración determinada.
"En este momento, se está tramitando en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley que decidirá el futuro laboral y vital de estas 35.000 familias castellanoleonesas, y de otras casi 800.000 familias en precario de toda España. Le recordamos que la Comisión Europea tiene varios Procedimientos de infracción abiertos y vigila muy de cerca las medidas que se incluyan en la nueva Ley que deberían cumplir escrupulosamente la primacía del Derecho de la Unión Europea y trasponer por fin la citada Directiva al sector público español. No se olviden ustedes de nosotros, y de nuestras familias", continúa la carta a la que ha tenido acceso Europa Press.
"Mala praxis"
En este punto, han incido que los empleados públicos temporales han sufrido durante años la "mala praxis" de las Administraciones Públicas y, en vez de "reparar el abuso sufrido", ven como sus derechos laborales se pueden ver de nuevo "pisoteados" en el texto del Proyecto de Ley propuesto por su Gobierno, cuyas medidas son "contrarias" al derecho de la Unión Europea.
"Parece que no es el PSOE, sino el resto de los grupos, incluidos sus socios de Gobierno, quienes tratan de no dejar atrás a las víctimas de abuso", añaden. Existen alternativas apropiadas, legales y acordes con Europa, que no incrementarán el gasto público, ni incrementarán la deuda, ni la tasa de paro de larga duración con sus correspondientes prestaciones y subsidios para mayores de 52 años, media de edad de los empleados públicos. "Por el contrario, el pago de indemnizaciones millonarias llevará a un endeudamiento inasumible para las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones que repercutirá en los ciudadanos", matiza.
"¿Se ha parado a pensar que el 70% del personal público temporal somos mujeres con cargas familiares, que quedaremos en situación de vulnerabilidad con una casi nula reinserción laboral? ¿Esto lo puede consentir un Gobierno feminista que defiende la igualdad de género?", cuestionan los interinos en la carta.
En este punto han lamentado que la "sintonía" que hay con el PSOECyL, "no existe a nivel nacional". "Le pedimos que su Gobierno, que dice ser dialogante, cumpla el trámite de audiencia de los portavoces de la Unión de Plataformas con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para presentarle nuestras propuestas", apelan.
Por último, apelan a que la nueva ley dote de estabilidad en el empleo a casi un millón de servidores públicos cuya vocación, experiencia y profesionalidad redundará en beneficio de todos los ciudadanos.