La madre de un estudiante de León con dislexia ha remitido una carta a la Consejería de Educación, al Procurador del Común, a la Dirección Provincial de Educación y a la ministra del área en la que expone la desventaja y discriminación que a su juicio sufren los alumnos con dislexia en la prueba de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), dependiendo de la comunidad autónoma en la que estudien. Además, solicita -en consonancia con lo que reclama la Federación Española de Dislexia, Fedis- que no se penalicen las distorsiones gráficas y se prime el contenido de la prueba sobre su forma, según informa ICAL.

A pesar del carácter universal de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) o EVAU Evaluación para el Acceso a la Universidad, señala, entre las diferentes comunidades autónomas españolas no existen criterios claros y consensuados para determinar cuáles son las adaptaciones necesarias para un estudiante de Bachillerato con dislexia de cara a los exámenes de acceso a la Universidad.

En función de en qué comunidad autónoma se realice la prueba el alumno, explica en su misiva, se encontrará con unas u otras medidas de adaptabilidad y la principal barrera es la manera en la que se penalizan las faltas de ortografía o distorsiones gráficas derivadas de su dislexia.

Mientras en algunas comunidades, como es el caso de Castilla y León, éstas se le penalizarán como al resto del alumnado, en otras, como en Murcia, pueden hacer un examen oral o contar con un editor de texto, en Andalucía tienen acceso a un ordenador que corrija sus problemas ortográficos y en Cataluña la ortografía se evalúa por un tribunal que valora cada caso, siguiendo unas normas específicas.

Así, el futuro del alumno con dislexia -añade- dependerá de la comunidad en la que viva, dándose la paradoja que tal vez no pueda optar a una plaza en una universidad de su propio territorio por falta de accesibilidad en su EBAU mientras que un estudiante de otra comunidad sí podrá hacerlo al haber alcanzado la nota necesaria gracias a una mayor adaptabilidad en su prueba de acceso.

Esta situación de desventaja de los alumnos con dislexia es todavía más amplia, subraya esta madre, pues comienza en el Bachillerato que, por ser un periodo formativo de preparación para la EBAU, siguen las mismas normas en cuanto ayudas que se establecen en la EBAU, y son distintas dependiendo de la normativa existente en cada comunidad autonómica.

En el caso de Castilla y León también se penalizan las faltas de ortografía por igual a todos los estudiantes de Bachillerato. Esta falta de accesibilidad, esgrime, reduce de forma importante las notas en los exámenes, y por tanto reduce la valoración final del bachillerato lo que lleva a una disminución considerable de la nota de acceso a la universidad, reduciendo así las opciones de elección de una carrera universitaria.

En Castilla y León, según la información ofrecida por la Junta y a la que alude en la carta, se puede solicitar una adaptación de los tiempos, utilización de formatos especiales y la puesta a disposición del alumnado de los medios materiales y humanos y de los apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las pruebas, así como la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle. No obstante, las faltas de ortografía se penalizan a todos los alumnos por igual, puntualiza.

El Defensor del Pueblo recuerda que la dislexia no constituye una discapacidad reconocida conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, dado que se trata de un trastorno neurológico que, sin afectar a la inteligencia, dificulta el aprendizaje de la lectura, la escritura y del cálculo, pero aclara que los alumnos que la padecen necesitan medidas específicas que la compensen.

Así, insiste en que la norma estatal vigente incluye desde junio de 2014 a los estudiantes con necesidades educativas especiales, como los que sufren dislexia, entre el colectivo al que debe aplicarse medidas de adaptación suficientes que garanticen que su participación en los procedimientos de preparación y admisión a la universidad para que esta se realice en condiciones de igualdad.