El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrao hoy la solidaridad de la Junta con los regantes de León, que han trabajado por tener mayor dotación de recursos hídricos en los últimos seis años, en los que se han sufrido hasta tres de sequía, y achacó la problemática de la escasez de agua para sus cultivos en la “carencia de embalses” y no tanto al Convenio de Albufeira, un tratado internacional con “un país amigo”, en relación a Portugal.
“Somos muy sensibles a esta realidad y entendemos la posición de los regantes. Su problema deriva en que no se han realizado infraestructuras de almacenamiento de agua. Quizás se han abandonado algunas que ahora nos permitiría tener mayor dotación de recursos y hacer frente a estos riegos”, dijo Carriedo, quien puso como ejemplo el caso del maíz, que “requiere una dotación específica de riego y no la está teniendo”, según informa Ical.
En todo caso, aseguró no conocer “al detalle” las relaciones internacionales con los lusos, pero consideró que “no hay problema para poder hablar con Portugal”. En este punto hizo hincapié entre la posición de la Junta, “al lado de los agricultores de León”, según defendió, y la de aquellos que “culpan a los agricultores de derroche de agua”, en relación a unas declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, arrojadas durante el verano.
La opinión de Carnero
También valoró esta situación el actual consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, quien en la anterior legislatura ejerció como consejero de Agricultura y Ganadería. Al respecto, significó una “doble situación” en el sector en la Comunidad. Por un lado, esgrimió que Castilla y León “está muy por debajo” de la media de ratio regadío-secano en España. A día de hoy, entre el 13 y el 15 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León es de regadío, ocho puntos menos que la media nacional y lejos del 28 por ciento que registra Andalucía, que lidera este punto.
En segundo lugar, la capacidad de crecimiento de embalses, para lo que apeló a una mayor regulación de la cuenca del Duero, la que “menos tiene”. La Junta ha alegado ambas cuestiones en el Plan Hidrológico Nacional.