El Procurador del Común pide a Ponferrada un instrumento de protección del Camino de Santiago en un plazo “razonable”

El Procurador del Común pide al Ayuntamiento de Ponferrada que cumpla en un plazo “razonable” con su obligación de redactar un plan de protección del Camino de Santiago. Se trata, según explica en una resolución, de un instrumento obligatorio desde hace más de 20 años, para todos los municipios de la la ruta Jacobea, previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, del año 2002.

La capital de el Bierzo no cumple con esta norma, a pesar del compromiso adquirido hace ya siete años, según señala el procurador del Común, Tomás Quintana, quien recuerda esta obligación después de tramitar, este año, la queja de un vecino del municipio al que se le negó el permiso para la construcción de una caseta agrícola en un terreno de su propiedad, por encontrarse en pleno Conjunto Histórico.

Ante la falta de un mecanismo de protección por parte del Ayuntamiento, es la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la encargada de vigilar las licencias en estos espacios. En este caso el gobierno de Castilla y León considera que no se puede autorizar esa construcción “por suponer una alteración de volumen en la parcela, no admitida en Conjuntos Históricos, ya que no cuenta con un Plan Especial de Protección”. Por lo que Quintana “no ve irregularidad en la actuación de la Administración”.

En el año 2016 el Procurador remitió una resolución a varios ayuntamientos, entre ellos el de Ponferrada, para recordarles la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que data del año 2002, y exige la redacción de esos planes que regulen los espacios incluidos dentro del Camino de Santiago.

El Ayuntamiento de Ponferrada, gobernado entonces por el PP, con la alcaldesa Gloria Fernández Merayo, se comprometió a redactar esa norma. Explicó que se estaban haciendo gestiones de coordinación con otras administraciones, a fin de conseguir recursos económicos y obtener ayuda técnica para poner en funcionamiento ese mecanismo de protección. Sin embargo, siete años después el municipio sigue sin contar con él.

La capital de el Bierzo reiteró este mismo año, a través de un informe del pasado 3 de julio, su compromiso para elaborar el plan, aunque ese documento indica que “no consta ningún expediente encaminado a la elaboración de ese Plan”. Añade que la Junta de Castilla y León trabaja en un nuevo Plan Director que puede influir “notablemente” en los de los municipios.

Aún así, explica el Procurador, este hecho “no suple la obligación que tiene el Ayuntamiento de elaborar y aprobar su propio instrumento de protección”. “El Ayuntamiento de Ponferrada está obligado a redactar un plan especial de protección u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio para el Camino de Santiago en su condición de Conjunto Histórico”, dice literalmente la resolución.

Según la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, del año 2002, estos planes deben incluir un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área afectada, incluidos los de carácter ambiental. El documento debe establecer los criterios de conservación de fachadas y cubiertas, además de los elementos más significativos del interior de las construcciones. El mecanismo de protección debe recoger también las normas específicas para proteger el patrimonio arqueológico y los requisitos para autorizar actividades.