La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido que la Justicia haya exonerado a un carnicero de León de pagar una deuda que tenía con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Valladolid, entre otros, y que ascendía a un total de 38.000 euros. Así, este vecino podrá volver a empezar de cero y olvidarse de las incesantes llamadas de los 10 acreedores que acumuló. 

El hombre en cuestión, cuyas iniciales corresponden a O.G., montó una carnicería creyendo que con este negocio su situación económica mejoraría. Lo que nunca pensó es que poco después de que el deudor abriese su negocio llegaría a España una dura crisis. Pero así fue. 

De este modo, esta situación no solo provocó que el empresario no pudiera obtener beneficios con su carnicería, sino que, además, a causa de esta crisis empezó a registrar importantes pérdidas que le llevaron a acumular grandes deudas y, con ello, a cerrar su negocio. 

Antes de ello, intentó conseguir un aplazamiento de sus obligaciones de pago con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), aunque sin éxito. 

Pronto llegaron los embargos y dado que el empresario no veía solución alguna para poder pagar todo lo que tenía pendiente, así como para hacer frente a los gastos esenciales familiares, en 2023 el carnicero contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad formada por abogados y economistas especialistas en ayudar a personas insolventes, siendo estos los que,, tras estudiar su caso, le aconsejaron acogerse a la denominada Ley de la Segunda Oportunidad. 

Tal y como informa la Asociación, el vecino de León tenía ciertas dudas acerca del perdón de las deudas, dado que algunas de ellas eran públicas. Sin embargo, Alberto Garcia, letrado de la Asociación que cuenta con varias sentencias favorables en casos similares, le hizo saber que "los tribunales cada vez son más conscientes de que los créditos públicos se deben incluir en el mecanismo de segunda oportunidad, si no, este instrumento no cumpliría los objetivos que nos marca la Unión Europea con él".

Entonces, el empresario decidió seguir adelante con el proceso, cuyo primer paso fue comunicar al Juzgado de lo Mercantil de León la situación del interesado mediante un 'preconcurso de acreedores', iniciando así un período de negociación.

"Esto era una utopía teniendo obligaciones de derecho público, debido a la negativa inicial de estas Administraciones a dar facilidades de pago", añaden desde la Asociación. Por su parte, Alberto García ha explicado que "lo primero que piden Hacienda y Seguridad Social antes de permitir el fraccionamiento de la deuda, es un pago íntegro del 25% de lo que se debe", una cuantía que, en el mayor de los casos, resulta completamente "inasumible". 

Por ello, optaron por solicitar directamente concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil para la condonación de las deudas. Así, acreditando fehacientemente que era un deudor de buena fe y que intentó pagar hasta donde pudo, el perdón definitivo de sus deudas ya estaba casi asegurado. 

Y dicho y hecho, porque, una vez comprobados los presupuestos, se dictó la resolución definitiva concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) y dejando a este deudor libre de pagar un total de 37.996,54 euros.

Si bien, cabe destacar que el empresario sí tiene que pagar una pequeña parte a la Tesorería General de la Seguridad Social, que el ya exdeudor abonará en 60 cuotas de 50 euros mensuales. Tras ello, ya quedará libre definitivamente. 

Según apuntan desde la Asociación, con esta sentencia los acreedores del concursado no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en fichero de morosos a este autónomo, que por fin ya puede empezar a invertir y financiarse sin miedo a embargos y solo preocupándose de cumplir con los pagos voluntariamente pactados con la Tesorería General de la Seguridad Social.