El exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, ha sido condenado por el juzgado penal de Ponferrada a un año y tres meses por un delito de alzamiento de bienes en grado de tentativa por intentar donar a sus dos hijos todos sus bienes cuando permanecía en prisión preventiva por agredir a su mujer, Raquel Díaz. Sus dos hijos también han sido juzgados como cooperadores necesarios y condenados al mismo tiempo.

La sentencia, además, declara la nulidad de la escritura de donación otorgada el 16 de junio de 2020, retornando al patrimonio de Pedro Muñoz los bienes donados en la misma.

Esta condena se suma a la que ya está cumpliendo de 16 años y 11 meses por los delitos de lesiones agravadas y maltrato habitual en el ámbito familiar.

El magistrado de la causa consideró probado, tal y como se recoge en la sentencia hecha pública este miércoles, que cuando Muñoz ya se encontraba en prisión otorgó un poder judicial a sus dos hijos para “salvaguardar la totalidad de los inmuebles de los que era propietario y eludir las posibles responsabilidades civiles a las que pudiera tener que hacer frente como consecuencia del procedimiento penal al que se enfrentaba, asegurándole su uso y disfrute futuro pero sacándolos de su patrimonio personal mediante una donación a favor de los hijos”.

Con este poder en sus manos, los hijos del ex concejal acudieron a un notario, “alegando motivos de urgencia” para llevar a cabo “una escritura pública de donación en virtud de la cual su padre les donaba pura, simple y gratuitamente la totalidad de las fincas e inmuebles de los que era propietario”.

Durante el juicio celebrado en Ponferrada el pasado 27 de mayo, Pedro Muñoz aseguró que solo pretendía “conseguir liquidez para hacer frente a sus deudas” donando esas propiedades a sus hijos para que intentasen hipotecarlas. Unas declaraciones que para el juez resultaron “interesadas, confusas y no acreditadas”.

Los hechos juzgados se remontan a junio de 202. En ese momento, Muñoz estaba en la cárcel, en prisión preventiva, e intentó donar a sus hijos sus propiedades en las localidades leonesas de Toreno y Santo Tomás de las Ollas para deshacerse de todos sus bienes antes de ser juzgado. Una donación que fue denegada por el Registro de la Propiedad ya una de las fincas era el domicilio conyugal de la pareja, por lo que era necesario el consentimiento de Raquel Díaz, que por entonces permanecía ingresada en el Hospital de León en estado muy grave. El abogado se percató del movimiento y solicitó al Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada que llevara a cabo medidas cautelares, que consistieron en el embargo provisional de todos esos inmuebles.

El Ministerio Fiscal reclamaba una condena para Muñoz de dos años y cinco meses de prisión.