El Defensor del Paciente pide una "actuación urgente" de la Fiscalía ante la falta de oncólogos en El Bierzo

La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de León una "actuación urgente" para que abra una investigación de oficio ante la falta de oncólogos en El Bierzo. 

En un escrito dirigido a la Fiscal Jefe de León, María Isabel Morán, la asociación se ha hecho eco de la "gravedad" de la situación que atraviesa el servicio de Oncología "por el abandono administrativo de la Junta de Castilla y León que están soportando pacientes y familiares".

La Asociación ha asegurado que "es de tal gravedad que la falta de atención puede terminar de forma no deseada" y se ha preguntado: "¿a qué esperan para cumplir con su responsabilidad?".

Ical

Dimite la gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo en plena crisis por la falta de oncólogos

Además, ha justificado su petición acogiéndose a los artículos 404 y 376 del Código Penal, referentes a prácticas desleales cuando se comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando el abuso de poder en sus funciones.

Un joven fallecido

"No entendemos porque los que deben cuidar de la ley de asistencia a los pacientes, en casos como este no toma medidas de intervención, como verá en el artículo que adjuntamos ya es  una urgencia vital la intervención porque ya estamos hablando del fallecimiento de un ser humano sin atención", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que "el otro día falleció un joven de treinta y pocos años, llevaba entre seis y siete días sin oncólogo".

Leticia Pérez ICAL

El PSOE exige la dimisión de Vázquez por la falta de oncólogos en Zamora y acusa a la Junta de "descapitalizar" la sanidad

También ha fundamentado su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga "a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".

"En este caso entendemos que se pone en riesgo por la actuación de  la administración", ha afirmado.

La Asociación se ha acogido también al artículo 376 del Código Penal, que expone: "El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años".