Un abogado ha logrado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León haya dictaminado que debe recibir una indemnización de 149.858 euros por asumir el trabajo de tres personas durante nueve años. La sentencia, no obstante, puede ser recurrida aún ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Herminio Turrado, abogado afectado y que se ha representado a sí mismo en el proceso, trabajaba como abogado asesor del Ayuntamiento de León en el gabinete jurídico.

Según han explicado desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la sentencia señala que la "situación lesiva fue generada directamente por la pasividad del Ayuntamiento, que en cualquier momento pudo remediarla, pero no lo hizo".

El abogado tuvo que asumir en solitario durante nueve años el exceso de trabajo y ha celebrado que el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León "demuestra que las administraciones no pueden sobrecargar a los funcionarios sin ofrecer soluciones ante la acumulación excesiva de tareas".

Turrado tuvo que hacerse cargo del trabajo de tres personas por la falta de cobertura de vacantes por parte del Consistorio leonés, según recalcan desde el CGAE, desde el año 2014.

Durante "repetidas ocasiones", relatan, el abogado asesor pidió al concejal de Régimen Interior y a los responsables del departamento de Recursos Humanos que activaran los procedimientos selectivos para cubrir las vacantes y acabar así con la sobrecarga, sin que se tomaran "medidas efectivas".

El propio Turrado avisó de que esta no fue una "simple sobrecarga temporal, sino una situación abusiva prolongada, lo que le causó daños psicológicos, físicos y morales".

"Los magistrados señalaron la existencia de una situación de 'mobbing', además de la violación de derechos fundamentales y una falta en la prevención de riesgos laborales, afectando gravemente la salud del trabajador", ha afirmado.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de León se alegó que el abogado había asumido "voluntariamente" el trabajo adicional de los compañeros ausentes, pero la sentencia califica la actitud de la Administración pública como "reprochable", dado que no cubrió las vacantes ni ofreció alguna solución.

De esta manera, reconoce el "daño real" con la pertinente desprotección del funcionario. La sentencia, no obstante, aún no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).