Denuncian al secretario general de Jucil por apropiación indebida, fraude y administración desleal

Un grupo de exsecretarios de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) han denunciado ante el Juzgado de Instrucción de León al secretario general de la organización, Ernesto Vilariño, como posible autor de presuntos delitos de apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos y administración desleal.

Los denunciantes afirman que el secretario general ha "utilizado dinero de la asociación para gastos personales, ha alterado registros contables y ha ocultado información sobre el estado financiero de Jucil, lo que ha generado una profunda crisis interna en la entidad".

EFE

Los guardias civiles de Castilla y León temen por la "seguridad plena" en los festejos de este fin de semana

La denuncia recoge "numerosas irregularidades" en la gestión económica, entre ellas, destacan "el uso de la tarjeta corporativa de Jucilpara cubrir gastos personales, incluyendo alojamiento en hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación".

También la "manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo"y la "duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización".

Exigen más vigilancia durante las fiestas de los pueblos de CyL: "Hay que garantizar una protección real"

Por otro lado, destacan la "omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización".

Uno de los casos más significativos es un viaje a Sevilla en octubre de 2022, en el que el secretario general de Jucil "habría cargado 515,47 euros a la asociación en concepto de alojamiento en el Hotel Don Paco y comidas en restaurantes".

"El gasto fue registrado como reuniones, pero no hay constancia de que se realizará ninguna reunión oficial en dicha ciudad", señalan.

La denuncia destaca también una compra en Joyería Diamant por valor de 20 euros, que fue registrada en las cuentas bajo el concepto de "manutención", así como un pago de 235,52 euros en un restaurante de Madrid del que no existe registro contable oficial.

Los denunciantes han solicitado al Juzgado de Instrucción de León la realización de diligencias de investigación, entre ellas: la declaración del secretario general de Jucil en calidad de denunciado y la entrega de los libros contables y facturas de 2022, 2023 y 2024 de la asociación para su análisis.

Por otro lado, han pedido la "investigación sobre posibles cobros irregulares de dietas por parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Jucil" y la "declaración de testigos que puedan aportar información sobre la gestión económica de la asociación".

Además, se ha solicitado "la adopción de medidas cautelares para evitar la posible destrucción de documentos o la manipulación de pruebas durante la instrucción del caso".

Una crisis "sin precedentes"

Esta denuncia se enmarca en la grave crisis interna que atraviesa Jucil desde diciembre de 2024, cuando más de 20 secretarías provinciales exigieron la dimisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por "su falta de transparencia y la reforma estatutaria que blinda a la dirección y dificulta su destitución".

La asociación ha vivido desde entonces "un fuerte conflicto entre su cúpula y las bases, con la dimisión de miembros clave del equipo directivo, solicitudes de análisis de las cuentas y una creciente presión de los afiliados para recuperar los principios de transparencia y gestión responsable con los que nació Jucil".

"No podemos permitir que los fondos de una asociación que representa a los guardias civiles sean utilizados sin control ni justificación. Exigimos que se esclarezcan los hechos y que los responsables asuman sus consecuencias", han declarado los denunciantes.

La justicia deberá ahora determinar si existen indicios suficientes para abrir diligencias contra el secretario general y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional, en un caso que podría suponer, según los denunciantes, "un golpe definitivo a la actual dirección de Jucil y marcar un punto de inflexión en el futuro de la asociación".