El juzgado de instrucción nº 1 de Cervera de Pisuerga ha dictado auto de apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal de Palencia por la muerte de una osa en una cacería de jabalí hace dos años, el 29 de noviembre de 2020, en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas. Solicita al acusado una fianza de 63.865,65 euros, según informa Ical.

Después de año y medio de instrucción de la causa en el Juzgado nº 1 de Cervera de Pisuerga para esclarecer la muerte de una hembra de oso pardo en el transcurso de la cacería en la zona de Ventanilla, se ha conocido que el Ministerio Fiscal solicita, como pena principal para el acusado dos años de prisión, 6.480 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para cazar, además de solicitar 39.197,22 euros como indemnización a la Junta de Castilla y León por su responsabilidad civil más las costas judiciales. Según informa Ecologistas en Acción, la Junta de Castilla y León se declara conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal. 

Mientras, desde Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza solicitan dos años y medio de prisión, cinco años de inhabilitación para cazar y 100.000 euros de indemnización a favor de Junta de Castilla y León, Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la muerte de la osa. Mientras, la Fundación Oso Pardo solicita 1.200 euros de multa y dos años de inhabilitación para cazar, sin ningún tipo de indemnización por la muerte.

Para Ecologistas en Acción esta petición "podría calificarse de ridícula e irrisoria en comparación con lo solicitado por el resto de las partes, algo sorprendente en una Fundación que lleva al oso pardo en su nombre. En este caso se da la paradoja de que el acusado tiene retirada su arma por intervención de la guardia civil y de los juzgados, en cambio en lo que es responsabilidad de la Junta de Castilla y León dispone de licencia de caza que le ha permitido continuar cazando, sin arma, pero con perros".

Ecologistas en Acción considera aceptables las penas solicitadas, siempre y cuando no se vean rebajadas en posterior negociación, pero escasa la cantidad económica solicitada como responsabilidad civil por parte de la Junta de Castilla y León y Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta que el ejemplar muerto era una hembra, muy probablemente con cría, y que en la documentación oficial de la Administración de la Junta de Castilla y León que obra en las diligencias se habla de un posible valor de hasta 100.000 euros.