Este jueves 9 de noviembre se va a celebrar una vista previa en el Juzgado de lo Penal contra el cazador que disparó y mató a un ejemplar de oso pardo en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas hace tres años. Ecologistas en Acción ya solicitó en su escrito de acusación imponer al acusado una pena de dos años y seis meses de prisión, cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la caza y las costas del proceso, y una indemnización de 100.000 euros para la Junta de Castilla y León en concepto de responsabilidad civil por un delito relativo a la protección de la fauna tipificado en los artículos 334 y 338 del Código Penal. 

Fue el 1 de noviembre de 2020 cuando, durante la celebración de una cacería, el hombre en cuestión disparó y mató a una hembra de oso pardo cuando esta estaba acompañada de una cría que nunca llegó a aparecer. 

Tras conocer lo ocurrido, se abrieron diligencias de investigación en el Juzgado de Cervera de Pisuerga y Ecologistas en Acción se personó como parte interesada.

Por su parte, el investigado pasó de reconocer los hechos en el atestado inicial a negar su responsabilidad en las declaraciones en sede judicial, lo que ha terminado provocando una dilatación que desde la asociación ecologista definen como "excesiva". "La instrucción se ha alargado de manera innecesaria con escritos, solicitando diferentes pruebas, algunas denegadas por estar fuera de los plazos reglamentarios", añaden.

Del mismo modo, explican que el último paso de la defensa del cazador no fue otra que presentar un Recurso de Apelación que finalmente fue desestimado, contra un Auto del juzgado de instrucción a través del cual se le impuso en julio de 2022 una fianza de 63.865,56 euros para así asegurar las responsabilidades pecuniarias del proceso.

Entonces, la imposición de la fianza era firme desde la fecha, pero, según Ecologistas en Acción, más de un año después todavía no se ha dado cumplimiento a esta decisión judicial alegando circunstancias económicas "a pesar de tener varias vías para poder hace frente al pago". 

"La justicia debería exigir ese pago además de comprobar si son ciertos los datos que aporta el investigado sobre su situación laboral", denuncian desde la asociación. 

"No puede ser que tres años después no haya ningún responsable por la muerte de una especie estrictamente protegida, catalogada como en peligro de extinción. Y esto se debe en gran medida a un investigado que, como todos, es muy valiente para disparar y lo es muy poco para asumir las consecuencias de sus disparos", concluyen.