Un policía nacional de Palencia, indemnizado con 10.572 euros tras cubrir un puesto superior vacante

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha obligado a la Dirección General de Policía a indemnizar a un oficial con 10.572 euros que ha estado durante casi un año desempeñando el puesto de jefe de Brigada y al que negaba los complementos salariales que le correspondían, según ha desvelado el sindicato Jupol.

Según han explicado en un escrito, el oficial de la Policía Nacional venía desempeñando el puesto, de escala Ejecutiva, desde junio de 2020 y hasta mayo de 2021, habiendo la Dirección General de Policía negado el pago de los complementos que le correspondían y sin reconocerle su puesto.

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En junio de 23 de 2020 el puesto jefe de Brigada quedó vacante por el traslado del anterior titular, hasta que en mayo de 2021 la Dirección General de la Policía nombró de manera oficial a un titular para el puesto. Durante ese tiempo, el oficial que ahora debe ser indemnizado estuvo desempeñando el puesto.

Con la sentencia, según señala Jupol, se demuestra que "efectivamente el oficial ha venido desempeñando el puesto de trabajo, "a pesar de las trabas que durante el proceso judicial ha intentado poner la DGP para no reconocer las cantidades a percibir justamente por el afectado".

La justicia ha reconocido al oficial el derecho a percibir las citadas retribuciones en concepto de complemento específico singular, complemento de destino y productividad correspondiente al puesto de jefe de Brigada, más los intereses legales correspondientes desde el momento del inicio de la reclamación administrativa.

Igualmente, el TSJCyL ha dictaminado que el pago de las costas judiciales deben correr a cargo de la Dirección General de la Policía, fijadas en 1.500 euros.

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Desde el sindicato han denunciado que la Dirección General de la Policía se mantiene en "no tener en consideración a los funcionarios, sus derechos y a no dialogar con los representantes sindicales".

Por eso, a pesar de ganarse la sentencia, Jupol manifiesta que la Dirección General de la Policía siempre es "reacia" a proceder al reconocimiento de los derechos de los agentes y "retrasa en el tiempo el pago de las indemnizaciones reconocidas por la justicia", que en este caso ha tardado "10 meses" en abonar.