Podemos pide la dimisión del concejal de Festejos de Ciudad Rodrigo

La Delegación de Podemos de Ciudad Rodrigo ha exigido al Ayuntamiento de esta localidad que sean asumidas las responsabilidades políticas oportunas por la/s Concejalía/s,  y por el mismísimo alcalde, mediante la dimisión inmediata de estos, con el concejal de Festejos, Cristian González Holgado, de Ciudadanos a la cabeza, debido a las negligencias acontecidas en la planificación, organización y control de la construcción del coso taurino que se instala en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, para la celebración del Carnaval del Toro, en este pasado fin de semana y que han derivado en importantes fallos de seguridad para los que en ella intervienen.

A pesar de los intentos que los integrantes de esta Delegación han procurado en los pasados meses y años, con diversas actuaciones como la asistencia a la “subasta de los tablaos” de 2016, la interposición de alegaciones en la redacción del nuevo Reglamento de algunos de sus miembros, o las denuncias ante el Procurador del Común de la Junta de Castilla y León, con el fin de advertir lo peligroso de no considerar el montaje de esta estructura, como una obra de construcción, a todos los efectos, los responsables del Consistorio han persistido en su empeño de dejar al libre albedrío y a la simple voluntad de quienes quisieran participar en ella su realización, sin más condiciones que la de ser designados por las peñas y agrupaciones a las que se les ha adjudicado el disfrute y montaje de la parte de la estructura que conforman los tendidos, denominados en este caso, concretamente, “tablaos”.

Esto ha derivado en que se ha podido observar en estos días de intenso trabajo, actitudes temerarias y carencia de medidas de protección colectiva e individual, lo cual claramente, ha incrementado la probabilidad de que se pueda producir un siniestro de fatales consecuencias. Aunque por fortuna, que se sepa, no ha llegado a término, no les exime de lo reprobable de las actuaciones.

Obvio que estos hechos son consecuencia de que, al no exigirse por parte del Ayuntamiento, que los implicados sean profesionales y empresas de construcción, muchos de ellos pueden no contar con la formación establecida en el V Convenio General del Sector de la Construcción (Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, publicado en el Boletín Oficial del Estado del jueves 15 de marzo de 2012), cuya finalidad es, como bien se dice en su Preámbulo “uno de los instrumentos básicos determinante para combatir decisivamente la siniestralidad en el sector y mejorar las condiciones de seguridad y salud”.

Sin medidas de seguridad

Además, aunque no sean los montadores trabajadores por cuenta ajena, a los que aplicar el mencionado Convenio Colectivo, no quita para que contasen con las medidas de seguridad y salud que la naturaleza y características de la actividad reclaman, tal y como especifica el apartado g), del artículo 12 de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, de Voluntariado en Castilla y León. Esta norma, está estableciendo, como es lógico, un nivel de protección semejante al de los trabajadores por cuenta ajena para este tipo de operarios que supuestamente, no reciben contraprestación por ello. La ausencia de equipos de protección individual que se observa en las imágenes ofrecidas por la prensa, o por algunos ciudadanos en las redes sociales, dejan claramente en evidencia las condiciones de trabajo deplorables sufridas por estos trabajadores, y el enorme riesgo que han podido sufrir en algunos momentos, trabajando en altura sin ningún tipo de protecciones, ni individuales, ni colectivas, con equipos de trabajo que no cumplían la legislación vigente (andamios sin protecciones anticaída perimetrales), y con maquinaria de manutención mecánica de cargas, sin disponer, tampoco, de medidas que disminuyeran su riesgo de exposición.

Tal como establece la norma autonómica citada, en su artículo 17.g), entre las obligaciones de las entidades de voluntariado, está la de garantizar las debidas condiciones de seguridad e higiene en la realización de sus actividades, instruyendo al efecto a las personas voluntarias. Ha quedado patente que el Consistorio no ha supervisado que estos hechos se hayan llevado a cabo por las peñas y agrupaciones, permitiendo que los voluntarios hayan estado inmersos en situaciones donde su seguridad y salud se han visto vulneradas.

Por otro lado, se ha sabido que, debido a la falta de un apropiado perímetro de la obra, a la que terceras personas no debían haber podido acceder, tal como establece el artículo 248, del Convenio Colectivo referido anteriormente, se han producido actuaciones temerarias por parte de algún ciudadano, que ha declarado en redes sociales que no pertenecía a la construcción del tablao, si no que se puso a hacer “el bobo” (textualmente), y que con su actitud, no sólo ha puesto en peligro su vida, sino la de los que se encontraban montando la estructura. Esta se podía haber caído como consecuencia de la manipulación indebida de una cuerda sujetada a ella, de la cual se ha colgado a una altura considerable, ejerciendo unas fuerzas imprevistas, debido al peso de su cuerpo (ver imagen adjunta en Anexo II), que podía haber arrastrado a la estructura aún en construcción. Este hecho, ha sido el reflejo de lo improcedente de que la ciudadanía tenga acceso a la zona, fomentándose en las últimas convocatorias por algunos, incluso, el acudir para observar los trabajos, en vez de respetarlos con la distancia que merecen.

Por todo ello, alcanzada la gravedad de los sucesos acontecidos, exigimos la asunción de las correspondientes responsabilidades políticas, con el fin de que pongan a disposición sus cargos para que sean ocupados por ciudadanos de mayor compromiso con la relevancia de estas funciones.

Si estos no presentaran su inmediata dimisión, de forma voluntaria, se pide al alcalde proceda como tal, y cómo máximo responsable de la Protección Civil de la ciudadanía en el municipio, lleve a cabo todas las actuaciones que esté en el ámbito de sus competencias para la destitución de estos, y su puesta a disposición de la Fiscalía por los posibles delitos referidos a la seguridad ciudadana cometidos, por el riesgo al que han expuesto, irresponsablemente, a varios centenares de ciudadanos (implicados en ellas, y ajenos) durante estas labores de construcción.